La semana vasca de Rodríguez Zapatero

El presidente del Gobierno recibirá el jueves al lehendakari Ibarretxe, a petición de éste, para tratar de su plan soberanista aprobado a fines de año por el Parlamento vasco, y se entrevistará el viernes con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Desde el PP se ha criticado ese orden de las entrevistas e incluso el hecho mismo de que Zapatero reciba al lehendakari, dado el contenido anticonstitucional de su propuesta.

Esta segunda crítica carece de fundamento. Fue un error del anterior Gobierno no distinguir las relaciones políticas, entre partidos, de las institucionales, y ello tuvo efectos negativos en la crisis vasca. Más discutible podría ser que Zapatero reciba al lehendakari antes que a Rajoy, pero las razones dadas por el presidente tienen fuste: que se trata de concertar una estrategia conjunta tras conocer las reacciones de Ibarretxe a la negativa a establecer una negociación de Gobierno a Gobierno, o a la pretensión de convocar un referéndum ilegal.

Zapatero está multiplicando los llamamientos (y actitudes) en favor de una respuesta pautada, en el sentido de proceder paso a paso, sin adelantar iniciativas extemporáneas. Lo sería ahora la impugnación ante el Tribunal Constitucional. Primero, porque las posibilidades de que prosperase serían casi nulas. El auto que rechazó en abril de 2004 una impugnación similar presentada por el anterior Gobierno establecía que sólo podría prosperar esa iniciativa una vez culminado el procedimiento. En este caso, por tanto, sólo tras su convalidación por las Cortes y refrendo del cuerpo electoral vasco. Es cierto que la resolución del Alto Tribunal se interpretó en su día, en diversos medios, como que el momento de la impugnación sería el de su aprobación por el Parlamento vasco; pero la lectura del auto no deja lugar a dudas de que el Tribunal se refiere a la plasmación definitiva de la reforma en nueva norma jurídica.

La impugnación sería además poco útil en esta fase del proceso para el objetivo de hacer frente eficazmente al plan soberanista. Tal como están las cosas, parece más acertado que la paralización de la propuesta avalada por el Parlamento vasco con el apoyo del brazo político de ETA provenga de los 350 diputados del Congreso en vez de los 12 miembros del Constitucional.No por cuestión de número, sino porque es más lógico que sean los representantes de la ciudadanía quienes se pronuncien no sólo sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto, sino sobre su adecuación o no a los principios democráticos, su compatibilidad con la lógica del Estado autonómico, el grado de consenso en su elaboración y otros elementos políticos a tener en cuenta. Es decir, que el rechazo se produzca en el marco de un debate parlamentario, más didáctico de cara a la opinión pública vasca y española en general que una resolución judicial.

Por las mismas razones, resulta poco inteligente tratar de evitar ese debate por el procedimiento de que la mesa rechace enviar el texto al pleno: es poco viable, porque la función de la mesa se reduce a verificar que cumple los requisitos formales; y contraproducente, porque nada se gana, llegados al punto actual, con esquivar o atrasar una votación en la que es seguro que casi el 90% de la Cámara va a votar una enmienda de totalidad que impediría seguir la tramitación. Eso no significa que haya que descartar la intervención de los tribunales en un momento dado. Por ejemplo, si tras el previsible rechazo de su propuesta en las Cortes, el lehendakari insiste en convocar un referéndum (aunque lo llame consulta) ilegal; sería el momento de impugnar dicha resolución, que entraría claramente en los supuestos del artículo 161-2 de la Constitución.

Sería deseable que el Gobierno adelantara su plena disposición a hacerlo en su momento, para evitar falsos debates (o críticas demagógicas) sobre la supuesta negativa de Zapatero a utilizar todas las posibilidades legales. En todo caso, fue un error aquella primera declaración de que al plan se le frenaría en las urnas. Pues ello favorece la pretensión nacionalista de convertir las próximas elecciones vascas (en las que se decide el signo del gobierno para cuatro años, no un poder constituyente) en un plebiscito sobre el plan Ibarretxe.

En cualquier caso, es deseable que el debate parlamentario se produzca antes de las elecciones autonómicas vascas. La intervención de las Cortes en el proceso no es sólo un requisito legal, sino una cautela política necesaria. Precisamente para evitar que se pueda alimentar en el cuerpo electoral alguna duda sobre el pronunciamiento del Congreso de los Diputados acerca del plan Ibarretxe.