Cada cinco días muere una mujer por violencia

Cautelas y esperanza. Una veterana reivindicación de las asociaciones feministas ya está en el Boletín Oficial del Estado. La Ley Integral contra la Violencia de Género, cuyo objetivo es proteger a las mujeres de las agresiones machistas e intentar erradicar esas conductas, entrará en vigor a finales de este mes. Sin embargo, sus resultados tardarán en traducirse en un alivio de la cifra de ciudadanas muertas a manos de hombres que dijeron amarlas. "La norma tendrá efectos a medio plazo. Hay que dar tiempo a que las medidas vayan cuajando", advierte la directora general del Instituto de la Mujer, Rosa Peris.

Es la opinión dominante entre las mujeres con protagonismo en la lucha contra esas agresiones. "La nueva ley no va a resolver de la noche a la mañana un problema de raíces tan hondas como la violencia machista, pero abre el camino a la esperanza", considera Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. "Si la ley tiene el presupuesto necesario y se aplica bien, dentro de unos tres años podrá empezar a disminuir la violencia", afirma la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo. La portavoz de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, Ángeles Álvarez, puntualiza: "La norma no tendrá resultados de verdad, como el descenso de muertes, antes de cinco años". "El número de fallecimientos no puede ser el único indicador para medir la violencia de género", añade.

Pero es el que produce la mayor alarma sobre un problema que ha dejado de considerarse como un asunto privado. Cada cinco días muere una mujer a manos de su marido, novio o ex pareja. El año pasado, perdieron la vida 72, una más que en 2003, según los datos del Instituto de la Mujer. La mayoría (34) estaban casadas con su agresor .

El balance luctuoso no para de aumentar desde el año 2001 pese a las medidas puestas en marcha: planes contra la violencia doméstica en el Gobierno del PP, orden de protección (aprobada por unanimidad en el Congreso en 2003) y plan de choque adoptado por el Ejecutivo socialista en mayo de 2004.

También han ido en aumento las denuncias por maltrato que presentan las mujeres. Mientras en 2001 se presentaron 24.158, en 2003 ascendieron a 50.088. Aunque aún no se dispone de los datos de 2004, todo indica que se superará esa cifra: hasta octubre del año pasado, se registraron 48.366 denuncias femeninas, según el Instituto de la Mujer, cuyos datos excluyen las presentadas ante las policías autonómicas vasca y catalana. La estadística judicial ofrece cifras más altas, pero referidas a toda a violencia en el ámbito familiar: 47.320 denuncias llegaron a manos de los jueces en el primer semestre del año pasado. Se retiró el 12%.

El incremento de las denuncias se debe sobre todo a que cada vez son más las mujeres que confían en que recibirán protección, afirma Comas. "También contribuye a ello la creciente independencia femenina", añade Peris. Con todo, "es gravísimo que mueran muchas mujeres sin haber denunciado, porque si no lo hacen no se las puede proteger", asegura Álvarez.

Dinero y reglamentos

Los resultados generales de la nueva ley dependerán del desarrollo de las medidas previstas en su articulado (sociales, educativas, judiciales) y, también, de que se haga efectiva la financiación necesaria (más de 50 millones de euros anuales según la memoria económica de la norma), coinciden varias fuentes. Dos de sus títulos más conflictivos, el que establece mayor castigo para los hombres que para las mujeres que maltraten a su pareja y el que crea los juzgados especializados para entender las causas penales y civiles vinculadas a la agresión demorarán hasta el verano su entrada en vigor.

"Tenemos la ley, pero faltan los reglamentos y queremos participar en su elaboración", asegura Pérez del Campo, pionera en pedir una norma "que no es exactamente la que reclamábamos". Uno aspecto que critica es la posibilidad de sustituir la pena a los maltratadores por trabajos en beneficio de la comunidad. "Eso contradice la tolerancia cero frente a la violencia de género". También le preocupa que la prevista reforma del divorcio "no fragilice la situación de las mujeres".