El Gobierno aprueba el proyecto de ley que legaliza los matrimonios gays

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de modificación del Código Civil para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. El texto establece la equiparación entre las uniones heterosexuales y homosexuales, tanto formales (las dos podrán casarse por el mismo procedimiento) como legales (los derechos y obligaciones serán los mismos). Con ello se "elimina una discriminación injustificada en la que a una parte de la población se venía restringiendo un derecho fundamental", afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Las parejas de gays o de lesbianas podrán casarse en plena igualdad con los matrimonios heterosexuales, según el proyecto que aprobó el Gobierno. Esta equiparación incluye todos los derechos y obligaciones: pensiones de separación, de viudedad, de alimentos; beneficios en el impuesto de sucesiones; consideración de familia numerosa si reúnen tres hijos; declaración de la renta conjunta; permisos por boda y enfermedad del cónyuge; prioridad en los traslados cuando uno de los miembros de la pareja cambie de lugar de trabajo, o exención de declarar contra su cónyuge.

Fernández de la Vega defendió el proyecto como una extensión de "derechos civiles" a todos. "Ésa es la grandeza de los derechos civiles, que cuando más se extienden más los disfrutamos todos", dijo la ministra.

Pocos cambios

Sobre el informe del Consejo de Estado que recomendaba que se elaborara una legislación diferente para las uniones homosexuales, la vicepresidenta afirmó que "en lo sustancial, nada ha cambiado" sobre el anteproyecto del Gobierno.

Aunque el Ministerio de Justicia ha defendido que no se trata de regular la adopción, ésta queda incluida como un derecho más de las parejas, igual que todas las casadas. Precisamente en este campo es en el que el Gobierno ha adoptado algunos de los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. "Hay modificaciones técnicas respecto a terminología de adopción y filiación", declaró Fernández de la Vega.

Entre los aspectos que se han incorporado está una aclaración técnica del artículo 178 del Código Civil, que regula la adopción. En su versión actual fija las excepciones en las que un adoptado mantiene algún tipo de relación jurídica con su familia anterior. En su redacción establece una serie de salvaguardas relacionadas con el vínculo entre el adoptado y el cónyuge de su adoptante. Al referirse a éste se especifica que "sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor". Esta mención se elimina.

Con ello se facilita una de las principales reclamaciones de los grupos homosexuales: la posibilidad de la coadopción (que la pareja del padre o la madre biológico del niño lo adopte). Este caso es muy importante en las lesbianas. Actualmente, cuando una tiene un hijo por inseminación artificial, su pareja, aunque ejerza durante años de madre del bebé, no tiene ningún vínculo legal con el hijo de su novia.

La vicepresidenta quiso evitar enfrentamientos con los críticos al proyecto, y negó que se tratara de un ataque al matrimonio o la familia, como sostienen la Iglesia católica y asociaciones afines. "El matrimonio no está amenazado. Es más, yo diría que todo lo contrario. Se refuerza en la medida en que se abre y da cabida a parte de la población" que hasta ahora no tenía acceso a él, manifestó. El proyecto "no afecta a la libertad ni a los derechos de los heterosexuales, que no los van a ver restringidos en absoluto", insistió Fernández de la Vega.

La ministra portavoz añadió que el Gobierno espera que la aprobación de este proyecto sea el primer paso para que "cese la discriminación de los homosexuales, también la sorda del menosprecio y del chiste fácil". Fernández de la Vega manifestó que esperaba que esta modificación del Código Civil perdure si cambia el Gobierno, aunque "la garantía para que las leyes pervivan es que los parlamentos las mantengan".