Unas cuentas con superávit y en busca de mayor productividad

Los pilares de las que serán las primeras cuentas públicas del nuevo Gobierno, las de 2005, son superávit, mejora de la productividad y transparencia. En esos tres conceptos hizo hincapié el principal responsable de los Presupuestos, el vicepresidente Pedro Solbes, en septiembre, cuando se presentó el borrador y alrededor de esos tres conceptos han girado las explicaciones de las cuentas en los últimos meses.

Esas columnas, traducidas a números se convierten en unas cuentas con superávit (0,1% del producto interior bruto); con una previsión de crecimiento de la economía de alrededor del 3% (2,9%) y una creación de empleo estimada en 332.000 puestos de trabajo.

Aunque el nuevo Gobierno se ha quejado reiteradamente de que el margen para hacer "sus cuentas" ha sido escaso. Los compromisos asumidos por el anterior Gobierno del PP en apartados como aeropuertos, carreteras y la obligación de asumir partidas como la deuda histórica andaluza, han obligado a ajustar deseos y realidad y a limitar las alegrías al mínimo indispensable.

Así, frente a un crecimiento previsto de los ingresos del 6,4% (teniendo en cuenta el Estado y la Seguridad Social), hasta alcanzar los 233.526 millones de euros, los gastos calculados aumentan un 6,5% (hasta 234.915 millones). Eso sí, más de la mitad de ese desembolso (50,1%) se destina a gasto social. En este apartado destaca el dinero dedicado a infraestructuras, que crece más del 9% (9,1%) y alcanza los 11.317 millones de euros; el dedicado a investigación (no incluye defensa), que crece un 25% (3.641 millones de euros) y el dedicado a becas, 894 millones con un aumento del 10,4%.

Con esas cantidades, el nuevo Ejecutivo pretende alcanzar un crecimiento sobre bases sanas. Siempre que lo permita el precio del petróleo, disparado en los últimos meses y que ha obligado a rebajar una décima la previsión de crecimiento, y a condición de que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga los tipos de interés en torno al 2% en el que están ahora durante un plazo "relativamente duradero", según aclaró Solbes hace tres meses.

El aumento de ingresos, base de esos Presupuestos sanos, se deberá a un aumento de la recaudación por cotizaciones sociales (9,2% de subida) y de los ingresos tributarios (8,7%). Subirán un 2% (como la inflación prevista) los impuestos especiales de tabaco y alcohol y la mayor parte de las tasas. Importante es la decisión tomada en el apartado del impuesto sobre la renta: por primera vez desde 2000, el impuesto se actualiza y descuenta la inflación. De esta forma, según el Ejecutivo, los contribuyentes se ahorrarán 175 millones de euros.

Cada una de las decisiones plasmadas en los Presupuestos tiene la intención de orientar el modelo de crecimiento económico hacia horizontes más seguros y modernos. Frente a un modelo centrado en la construcción, el empleo abundante y poco cualificado y el impulso al consumo de las familias, el nuevo Gobierno pretende mayor productividad en el capital humano y en el capital tecnológico.

El crecimiento de la inversión pública apunta hacia ese objetivo, aunque, en opinión de los expertos, el porcentaje de aumento en apartados como I+D (25%), es muy aparente en términos porcentuales, pero cae sobre cifras ridículas. Conclusión: harán falta esfuerzos sucesivos para que el cambio de orientación que apuntan los Presupuestos de 2005 rinda algún fruto.

Apartados importantes de los Presupuestos aprobados ayer son los que atienden a la mejora de la justicia y de la seguridad. El dinero destinado a sufragar "un servicio público de calidad" en Justicia asciende a 1.184 millones de euros. Supone un aumento del 8,6% respecto al ejercicio anterior y tiene que ser suficiente para crear 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales, 150 juzgados y 100 fiscalías. El presupuesto para mejorar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aumenta asimismo un 7,7% y alcanza los 6.035 millones de euros.

Otro punto sensible en la preocupación ciudadana, la vivienda, se traduce en los Presupuestos en 663 millones de euros, destinados a costear un plan que facilite el acceso a la misma. La cantidad supera en un 32,5% lo destinado al mismo fin en 2004 y en principio, demuestra cierto alejamiento de las ideas que llegó a exponer un destacado ministro del Gobierno de Aznar, vinculando la carestía de la vivienda a la mejora de la economía del conjunto de los ciudadanos españoles.

Los Presupuestos aprobados, en suma, se quedan lejos de las pretensiones de algunos socios del Gobierno, pero ilustran un cambio de orientación de la política económica, sin llegar a cuestionar de forma peligrosa bases esenciales del crecimiento.