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Tribuna:

A propósito de la huerta inmobiliaria

El autor afirma que en Murcia es donde más cara se paga el agua, donde más se evitan las pérdidas y donde se hace un uso ejemplar de la misma, acorde con la Directiva Europea.

El pasado domingo, 21 de noviembre, EL PAÍS publicó un reportaje titulado La huerta inmobiliaria, en el que determinadas voces vertían ataques y acusaciones sobre mala gestión del agua en la Comunidad de Murcia, despilfarros, supuestos robos, mercados negros y demás artillería pesada que redundan en el descrédito de la imagen de Murcia en el exterior, imagen que, en su día, fue sintetizada en el eslogan "Murcia, la huerta de Europa". Estos ataques ya fueron virulentos cuando se tramitaba el Plan Hidrológico Nacional y los murcianos esperábamos como agua de mayo el trasvase del Ebro. Ahora se repiten otra vez con parecidos argumentos, medias verdades y generalizaciones que convierten en sospechoso a todo quisque y olvidan la auténtica realidad: que en esta región es donde más cara se paga el agua, donde más se evitan las pérdidas y donde, en definitiva, se hace un uso ejemplar de la misma, acorde con la Directiva Europea del Agua.

Hemos vuelto a leer en la prensa las mismas acusaciones de antaño, una y mil veces respondidas con datos concluyentes por el Gobierno regional. Una de estas acusaciones es que la Ley del Suelo ha dejado sin protección 15.000 hectáreas de espacios naturales con fines especulativos. Falso. La realidad es como sigue: la citada ley redujo la superficie protegida en 14.879 hectáreas al adaptar los límites de los espacios naturales a los propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC). De éstas, 6.305 hectáreas se corresponden con zonas de cultivos agrícolas de limoneros, frutales, invernaderos etc., algunos con más de 20 años de existencia. Son zonas, por tanto, que carecen de valor ambiental y desde el punto de vista de la flora y fauna naturales. A terrenos forestales corresponden 7.764 hectáreas, algunos de ellos son montes públicos, ya protegidos por la Ley de Montes. El resto, 810 hectáreas, están calificadas como humedales, sin catalogar o improductivas. Esta explicación quedaría corta si no añadimos lo siguiente: con la Ley 4/92, elaborada por un Gobierno del PSOE y en vigor a fecha 31-12-1999, las hectáreas protegidas eran 77.847. La delimitación de estas superficies se realizó de manera un tanto arbitraria en un despacho, sobre un mapa, teniendo en cuenta las curvas de nivel, pero sin pisar el terreno en cuestión. Por el contrario, el Gobierno del PP multiplicó por tres la superficie protegida por la Ley 4/92, teniendo en cuenta los LIC (164.075 hectáreas) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (205.031 hectáreas). Eso sin contar los LIC marinos (otras 180.837 hectáreas). Todo ello nos lleva a concluir que el auténtico avance en la protección y conservación del medio ambiente se ha llevado a cabo desde que gobierna el PP en la Región de Murcia.

Sin embargo, responsables políticos del PSOE insisten en el meollo de la acusación. El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura declaraba en este reportaje que "el cultivo de viviendas es uno de los principales problemas que tendrá que afrontar la región", a sabiendas de que el consumo humano representa un porcentaje significativamente inferior al consumo agrícola de agua, que alcanza el 80%. También aludía a la existencia de unas 25.000 hectáreas de regadío más que en 1986. ¿Otra vez los regadíos ilegales? Nada de eso. El citado aumento de las hectáreas de regadío dentro de los perímetros regables del trasvase Tajo-Segura se justifica por la evidente mejora en la gestión del agua lograda por el Gobierno del PP, que ha conseguido pasar de una media de 250 hectómetros cúbicos trasvasados durante la etapa socialista, a una media de 507 hectómetros cúbicos (algunos años se llegó a los 600 hectómetros cúbicos), todo ello sin hipotecar los embalses de cabecera y trasvasando solamente los excedentes. Aun así, de las 192.000 hectáreas contempladas en el Plan de Cuenca y por tanto autorizadas por ley, sólo se riegan 160.000, porque no hay agua para más. Recientemente se celebró en Murcia el XXV aniversario del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que ha demostrado su eficacia durante todo este tiempo y ha permitido que nuestra región sea lo que es hoy día en materia agrícola. Lo que algunos creen haber descubierto recientemente, la denominada "nueva cultura del agua", es algo que se viene practicando en las aguas trasvasadas desde el Tajo a la Región de Murcia desde hace 25 años. Aquí se mide escrupulosamente el agua, se paga seis o siete veces más cara que la media en toda España y se utiliza eficazmente.

A los que critican que en Murcia "quieren el agua para hacer campos de golf" habría que explicarles que en la Región de Murcia el riego de estos campos se hace con recursos no convencionales, bien reutilizando aguas depuradas o las procedentes de desalación. El Gobierno regional siempre velará por que pueda coexistir nuestra agricultura de alto valor comercial y el desarrollo turístico. Para ello los nuevos desarrollos urbanísticos que surjan en la región, sobre todo en el litoral, deberán asegurarse sus propias fuentes de suministro de agua, mediante la construcción de pequeñas desalinizadoras, y conseguir nuevos caudales a través de la reutilización y depuración.

Por último, respecto a la existencia de pozos ilegales, mercados negros del agua y demás irregularidades denunciadas por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura con extracciones de hasta 200 hectómetros cúbicos, hay que decir que la propia Confederación Hidrográfica ha reconocido recientemente (diario La Verdad, 30-11-2004) que no tiene forma de conocer los daños para el dominio público hidráulico que hayan podido causar las supuestas extracciones ilegales de agua en la cuenca. Añade, además, este organismo que no se responsabiliza de ningún dato o cifra que hayan trascendido públicamente de las diligencias practicadas por el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las cuales se siguen ahora en los tribunales murcianos. Es necesario que la justicia se pronuncie de una vez sobre estos casos. Que los posibles infractores de la ley tengan el merecido castigo, pero que se deje de cuestionar el buen hacer del colectivo de los agricultores murcianos, que son, a fin de cuentas, los que salen perjudicados. Ninguna de estas acusaciones puede poner en entredicho lo más esencial: la cultura milenaria (que no nueva) de los murcianos para saber aprovechar el agua hasta la última gota y que se traduce actualmente en la modernización de los regadíos, que llega hasta el 80%, y en el aprovechamiento de más de 80 hectómetros cúbicos de aguas depuradas. De otra cosa puede que no, pero de ahorro y buen uso del agua sí que podemos dar ejemplo a otras regiones.

Antonio Cerdá Cerdá es consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de diciembre de 2004