El jefe del Ejército chileno expresa su preocupación por la salud de Pinochet

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, expresó ayer su preocupación por la salud del ex dictador Augusto Pinochet, procesado por el juez Guzmán como autor de 10 crímenes en la Operación Cóndor. La sociedad chilena encajó sin tensiones ni sobresaltos la declaración de reo de quien fuera dictador entre 1973 y 1990 y jefe del Ejército entre 1973 y 1998. Su arresto domiciliario fue paralizado por un recurso de la defensa.

A diferencia del anterior procesamiento de Pinochet, en 2001, por los 75 crímenes de la caravana de la muerte, ni la derecha salió quebrando lanzas en defensa del anciano general, de 89 años, ni el Ejército cuestionó directamente el fallo judicial.

Después de plantearlo en privado al ministro de Defensa, el mismo día del dictamen de Guzmán, ayer Cheyre dijo en público que respetaba las decisiones de los tribunales y se negó a comentar el fallo. Eligiendo con cuidado cada palabra y sin salirse del marco, aunque llegando al borde de éste, Cheyre se refirió a las consecuencias del dictamen de Guzmán. "Me preocupa la salud del general Pinochet", afirmó, para después plantear que la condición de su ex jefe es "precaria" y se ve afectada por "procesos de angustia, sicológicos, muy fuertes, que en nada ayudan a una salud comprometida", recordando que los médicos coinciden con este criterio.

Ninguna figura de primera línea de la derecha se solidarizó con el ex dictador, que se ha transformado en un lastre cada vez más pesado para la pretensión de este sector de llegar a La Moneda. Al resaltar la mayor normalidad con la que se puede juzgar el pasado, el presidente Ricardo Lagos sostuvo que el país "se está acostumbrado" a un régimen normal de trabajo de las instituciones. "No tiene que haber ninguna tensión de ninguna naturaleza porque un juez decida iniciar proceso respecto de alguien", cualquiera que sea su importancia, afirmó.

La defensa de Pinochet consiguió entretanto dilatar la notificación del auto de reo y su arresto domiciliario con el recurso de amparo por la supuesta ilegalidad de la resolución del juez, que presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual puede ser recurrido ante la Corte Suprema. A la espera que se resuelva este recurso, lo que se estima podría tardar una semana, el juez Guzmán se inhibió de notificar al procesado.

En otros casos los tribunales se han negado a acoger el habeas corpus, que es un recurso poco habitual. Los abogados querellantes por los crímenes de la Operación Cóndor son optimistas sobre el resultado, y resaltan la paradoja de que el general deba aferrarse a este recurso, que los tribunales negaron en dictadura a miles de detenidos. Tampoco hay demasiada confianza en esta diligencia entre la defensa del ex dictador, que ayer pidió al juez, y éste acogió, que de hacerse efectivo el arresto domiciliario se practique en la parcela que Pinochet tiene a 130 kilómetros al poniente de Santiago, en la localidad de Los Boldos, y no en su residencia en la capital, en el lujoso barrio La Dehesa. El hijo menor del general, Marco Antonio Pinochet, criticó ayer al juez Guzmán y a otros magistrados que llevan causas de derechos humanos por querer "ajusticiar" a su padre.

El auto de procesamiento de Guzmán, al declarar a Pinochet apto para enfrentar un juicio y sentarse en el banquillo, eliminó escollos para avances más rápidos en otras causas contra el ex dictador. Carmen Hertz y Alfonso Insunza, los abogados querellantes del general por las cuentas secretas que mantuvo en el Banco Riggs, en EE UU, con más depósitos superiores a ocho millones de dólares, pidieron ayer al juez Sergio Muñoz el desafuero de Pinochet como paso previo a su procesamiento. Los querellantes, ambos abogados especializados en causas de derechos humanos, acusan al general de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y negociación incompatible en este caso. El magistrado rechazó una petición de la defensa para dejar sin efecto el embargo que estableció para los bienes de Pinochet.