Cuatro años y 490 vacas locas después

El 22 de noviembre de 2000, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, convocó una rueda de prensa para anunciar los dos primeros casos de vacas locas en España. Eran dos casos gallegos, la vaca Parrula, en Carballedo (Lugo) y Elvira, en Coristanco (La Coruña). Un mes antes, en una respuesta parlamentaria, había proclamado que España estaba a salvo.

La noticia causó un tremendo impacto y varios meses de duras penalidades para el Gobierno y el sector ganadero. España se incorporaba al exclusivo club de los países afectados, junto a Gran Bretaña, Irlanda, Portugal y Francia. El consumo de carne de vacuno cayó en picado mientras desde la Administración se improvisaban decenas de disposiciones legales y se prometían cuantiosas inversiones para controlar la enfermedad y recuperar la confianza del ciudadano.

Aún no se sabe qué empresas importaron ilegalmente harinas animales contaminadas

En 2003 se llegó al pico más alto de incidencia (173 casos). En 2004 hay un ligero descenso

La gestión de la enfermedad está hoy completamente descentralizada

Cuatro años después, la desconfianza ha desaparecido aunque en el camino haya quedado algún punto oscuro sin desvelar: ¿qué empresas importaron ilegalmente a España harinas animales contaminadas?

A partir de aquella fecha, cada miércoles, el ministro de Agricultura daba cuenta de los positivos encontrados en los análisis de vacas enviadas al matadero. Eran pocos casos, pero de impacto indudable: la prensa visitaba las explotaciones y contaba el estupor de los ganaderos, sus quejas y lamentos. Las imágenes del enterramiento ilegal de vacas muertas en Mexía (Galicia) a primeros de enero de 2001, provocaron un nuevo choque negativo porque se comprobó cómo las Administraciones estaban superadas: no había capacidad real para recoger vacas muertas en explotaciones, ni medios para destruir adecuadamente cadáveres y vísceras. Se habló en su momento de un acuerdo con las cementeras, de utilizar instalaciones del ejército para almacenar los residuos, como se hacía en Francia, se compraron cientos de miles de test priónicos para analizar los cadáveres antes de su envío al mercado, pero no había laboratorios suficientes. Y se creó un comité científico supervisado por el vicepresidente Mariano Rajoy que, a partir de entonces, se especializó en la gestión de catástrofes, lo que luego le serviría para gestionar el caso Prestige.

Cada medida administrativa dejaba a la luz verdaderos problemas de aplicación: cada vaca debía tener un certificado veterinario antes de llegar al matadero, pero se descubrió que muchos veterinarios firmaban puñados de certificados en blanco. Cada poco tiempo, la Guardia Civil dada cuenta de enterramientos ilegales. Las cinco incineradoras en funcionamiento en España no daban abasto y a muchos expertos no les salían las cuentas: ¿cómo se estaban destruyendo los cadáveres y las vísceras? Hubo, entonces, dos situaciones que aliviaron la tensión: la caída de la demanda de carne; y la compra de miles de vacas de más de 30 años por el FEGA (Fondo Especial de Garantía Agraria), un organismo público, para su destrucción. Eso significaba que, a cambio de un precio subvencionado, se retiraba del mercado parte de la población de mayor riesgo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2001. ¿Qué se logró? Que el número de positivos fuera bajo el primer medio año de la crisis y no hubiera demasiada carne en el mercado. Era el tiempo que se necesitaba para recuperar la confianza y para que los anuncios de nuevos positivos pudieran espaciarse. Primero, una vez al mes. Luego, dejó de ser noticia.

Los dos casos positivos del 2000 tuvieron un efecto explosivo. Los 80 casos del 2001 se vivieron, en el último semestre, con menos dramatismo. En 2002, el mal de las vacas locas era mera rutina estadística, pese a que se sumaron 127 casos. En el 2003 se alcanzó el pico (173 casos), pero nadie pareció excesivamente preocupado por ello. 2004 se cerrará con un pequeño descenso: ésa es la señal de que el mal está ya controlado y en vías de erradicación.

Así lo corroboraba un informe de la CE del 13 de octubre: tras 70 disposiciones legales y el análisis de 10 millones anuales de vacas mayores de 30 meses en la UE, la reducción de casos estaba resultando muy positiva. La edad media de los casos positivos en ganado aparentemente sano había pasado de los 86,5 meses en 2001 a los 100,5 en 2003. El informe resaltaba el levantamiento del embargo a Portugal. Y sobre el embargo al Reino Unido, comunicaba que habrá una primera evaluación en 2005.

Cuatro años y 492 vacas locas después nadie parece acordarse de esta enfermedad. Tanto Agricultura, bajo un nuevo Gobierno, como las organizaciones del sector, reconocen que el consumo se ha recuperado plenamente y que ha llegado el momento de suavizar algunas disposiciones tomadas en aquel fragor de los primeros meses de 2000. "Lo importante es que el consumidor sepa que las garantías que existen ahora mismo sobre la carne de vacuno son extremas y no tienen comparación con ningún otro tipo de alimento de origen animal. Y lo mismo con los piensos", dice Fernando Moraleda, secretario general del Ministerio de Agricultura. "Hemos entrado en la reducción de casos positivos", señala Andoni García, de la ejecutiva de la COAG, el más importante sindicato del sector. "Y se ha recuperado el consumo, excepto en el vacuno mayor que ha sido el más castigado por la crisis. Podría decirse que se han cambiado los hábitos de consumo respecto a ese tipo de vacuno". "La crisis está superada", sostiene Fernando Pascual, portavoz de Asocarne. "Pero hay una serie de medidas de carácter nacional vigentes que deberían ser derogadas".

El sector aún se resiente de unas medidas muy severas aplicadas en los momentos de mayor crudeza y que ahora parecen excesivas. Una es la eliminación del certificado veterinario. Otra, la retirada de la columna vertebral en animales mayores de 12 meses y hacerlo a partir de los 30 ó 36 meses. Pero, a la hora de levantar la mano, no hay una unanimidad total. Asocarne y otras asociaciones proponen volver a las harinas de origen animal; en los sindicatos agrarios no opinan lo mismo. "De las vísceras se sacaban harinas para piensos: de un subproducto se obtenía un beneficio. Con la crisis se pasó a lo contrario, había que retirar ese subproducto y eliminarlo y por eso había que pagar. Lo que antes era un beneficio ahora es un coste. Pero pese a eso no estamos de acuerdo con autorizar esas harinas y poder volver a situaciones futuras de riesgo".

Cuatro años después, la gestión de la enfermedad está completamente descentralizada. Las autonomías tienen laboratorios homologados para los análisis y han diseñado su propio sistema para recogida de cadáveres y material de riesgo, además de la eliminación de residuos. Pero hay aún serias dudas sobre la eficacia de las acciones: algunas comunidades utilizan esos residuos como combustible; otras, los depositan en vertederos. Del acuerdo con las cementeras nunca más se supo, la construcción de incineradoras ha ido muy lenta y el Ejército nunca intervino. Agricultura no tiene datos actualizados sobre cuánto ha costado esta enfermedad al erario público.

La crisis fue también el cierre de explotaciones y la ruina de muchos ganaderos. Pero nunca se conoció ninguno de los presuntos responsables de que se distribuyera por España, sobre todo por Galicia, Castilla yLeón y Asturias. ¿Qué empresas distribuyeron piensos ilegales cuando estaban prohibidos a partir de 1996? Arias Cañete anunció en su día que se habían abierto expedientes e impuesto sanciones, pero que tales sanciones no se publicarían. En el ministerio no hay datos de ninguna investigación sobre actuaciones de antes del 22 de noviembre de 2000, cuando se supo que el mal de las vacas locas había llegado a España.