La reforma de la Ley de Dependencia eliminará la incompatibilidad de prestaciones y refuerza la atención en los hogares

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene listo para presentar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley con el que se pretende reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad para adaptarlas, en primer lugar, a la reforma del artículo 49 de la Constitución (que eliminó el término disminuido en enero del año pasado) y, en segundo, a la convención de personas con discapacidad, que España ratificó en 2007 y entró en vigor en 2008. Bustinduy ya anunció a principios de diciembre que la reforma estaba lista, que le habría gustado presentarla el pasado 3 de diciembre, día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero que no se pudo porque “la tramitación dentro del Gobierno” iba “más despacio” de lo que a él le gustaría. Según ha podido saber EL PAÍS, esta reforma tiene como uno de sus objetivos principales revertir los recortes en materia de dependencia que llevó a cabo el Gobierno del PP durante la presidencia de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018 (según cifras del ministerio, un total de 5.406 millones de euros).

Hay dos de esos recortes que aún quedan vigentes, y son los que el anteproyecto pretende eliminar. Por un lado, se suprimirá el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que aprobó Rajoy en diciembre de 2013. Ahora mismo, la ley establece que son incompatibles determinados servicios con otros: por ejemplo, asistir a un centro de día con recibir ayuda a domicilio. Hay comunidades autónomas que ya lo han regulado para hacerlo compatible, al considerar que un recurso solo es escaso, pero la reforma pretende hacerlo a nivel nacional. Un real decreto del 18 de julio de 2023 ya decía que se aprobarían los criterios “para determinar la intensidad de protección de los servicios y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos”.

El anteproyecto también elimina el periodo de carencia máximo de dos años de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar introducido por el Gobierno de Rajoy en 2012 mediante real decreto-ley. Ahora mismo, según datos del Observatorio de Dependencia, el tiempo de tramitación de un expediente de dependencia es de casi un año (330 días), aunque en cuatro comunidades autónomas (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia) el plazo es incluso superior. Si una comunidad autónoma tarda de media casi un año o más en valorar el grado de dependencia, según la ley actual, no está obligada a conceder esa prestación con carácter retroactivo porque hay dos años de periodo de carencia. Es un recorte que se impuso, precisamente, por ahorrar dinero debido a los tiempos de espera y a las listas de esperas. La Ley original, en realidad, ya dice que el plazo en el que debería atenderse una solicitud de dependencia es de 180 días. Pero no se está cumpliendo. Pese a que los tiempos de espera y las listas se han reducido en los últimos años, según los datos del Observatorio de Dependencia publicados en diciembre, sigue habiendo 296.431 personas que aguardan por algún trámite de la ley. Además, 40.447 personas fallecieron en 2023 esperando ser valoradas o atendidas.

Entre los aspectos que incluirá la reforma de la ley, según ha podido saber este periódico, está también la ampliación de prestaciones a cuidadores del entorno relacional. Esto ayudaría a aquellas personas que no tienen un familiar cercano que pueda hacerse cargo o prestar ayuda, pero sí un vecino o un amigo. También se prevé implantar la teleasistencia como derecho subjetivo: eso significa que cualquier persona, por el mero hecho de ser considerada dependiente, tiene que tener la teleasistencia. El Plan de Choque aprobado en 2021 ya establecía considerar la teleasistencia como un derecho subjetivo de toda persona con grado de dependencia reconocido que viviera en su domicilio y el objetivo era cumplirlo a finales de 2022. Sin embargo, según datos del Observatorio de Dependencia, solo o el 35,8% los tenía al finalizar 2023.

El anteproyecto también prevé la expansión de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario (para ir a la compra, al médico, al centro de día, por ejemplo) e incorporar apoyos en la vivienda cuya finalidad es que las personas en situación de dependencia puedan desarrollar su proyecto de vida en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades y preferencias personales. De este modo, no se verán limitadas a elegir entre vivir en su propia casa o en una residencia convencional, sino que podrán optar por diferentes modalidades de vivienda con cuidados y apoyos. Esta ampliación de recursos residenciales ya está siendo desarrollada en algunas comunidades autónomas y está consolidada en otros países con sistemas de cuidados más avanzados.

Existen dos modalidades para este servicio: una se ofrece en viviendas situadas en comunidades donde convive un número reducido de personas, de manera que se fomenta la vida independiente y la inclusión social. La otra es en espacios con infraestructuras más amplias, donde se comparten servicios comunes para todas las viviendas que lo integran. La reforma prevé también el acceso a productos diseñados para mejorar su autonomía personal (desde sillas de ruedas, andadores, audífonos, adaptación para el hogar, programas informáticos) mediante un sistema de préstamo o cesión temporal. La asistencia personal, además, se regula como un servicio del catálogo, lo que permite su provisión tanto a través de una prestación económica como mediante servicios públicos directos o privados, concertados y acreditados. La prestación económica está diseñada para contribuir a que las personas puedan contratar a un asistente personal, bien directamente o a través de una entidad especializada y ya no solo de manera restringida a la educación y al trabajo.

A preguntas sobre los costes que suponen todas estas medidas, desde el Ministerio dicen que la Ley y los reglamentos que de ella se derivan establecen un mínimo de calidad, intensidad o ratios para las prestaciones y servicios que garantiza una igualdad de derechos a nivel estatal, pero que son las comunidades autónomas las que concretan si incrementan o no las cuantías y calidades. “Sabemos a qué horizonte queremos llegar en términos de financiación general del sistema: equipararnos a la inversión PIB de otros países similares al nuestro”, señalan.

Nuevo modelo de cuidados

Con la reforma de la ley de Dependencia, desde Derechos Sociales buscan reforzar también la implantación del nuevo modelo de cuidados en el que llevan tiempo trabajando. En junio de 2024, se aprobó una estrategia estatal para desinstitucionalizar el sistema y avanzar hacia cuidados de mayor cercanía, en el hogar de la persona o en entornos comunitarios, y abandonar el enfoque asistencialista y basado en grandes residencias que, tal y como aseguran, ha quedado obsoleto. A esto se suma, defienden también desde el ministerio de Bustinduy, la necesidad de reforzar la dependencia como un pilar del estado del bienestar para abordar el reto demográfico al que se enfrenta España en los próximos años, donde el número de personas mayores en situación de dependencia se incrementará de forma notable. Según un estudio del pasado mes de octubre de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y la Unión de Entidades, de aquí a 2034 serán necesarios 100.000 nuevos trabajadores para la atención a la dependencia si se quiere afrontar con solvencia el envejecimiento demográfico de España.

La reforma que presentará Bustinduy —a la que le espera la tramitación en el Congreso, donde hay una compleja aritmética parlamentaria— busca blindar derechos para evitar que sean recortados en el futuro, ofreciendo un amparo legal a los usuarios del sistema en aquellos casos en los que los gobiernos autonómicos (que tienen las competencias exclusivas en esta materia) decidan mantener estas limitaciones en sus servicios. A este respecto, el ministro Bustinduy y la secretaria de estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han declarado en numerosas ocasiones que su objetivo pasa por reconstruir el sistema de Dependencia que, según han denunciado, quedó muy debilitado a causa de estos recortes. Por esta razón, el Gobierno ha ido incrementando año tras año las partidas en dependencia hasta llegar a repartir más de 783 millones de euros entre las comunidades autónomas en 2023, cifra récord que se repitió en 2024 con la prórroga de los presupuestos.

La ley cumplió 18 años el pasado mes de diciembre con un balance de 3,7 millones de personas atendidas y 900.000 fallecidas mientras engrosaban las listas de espera. El número de personas demandantes del servicio ha experimentado un crecimiento sostenido año a año, excepto en el período de 2012 a 2014 debido a recortes en la financiación primero y en 2020 por la pandemia. Son datos del Observatorio de la Dependencia, que destaca que 3.699.078 personas han recibido asistencia del Sistema de Atención de Dependencia durante estos años de andadura. A 1.644.518 se les ha reconocido su situación de dependencia en 2024, mientras que 296.431 personas estarían todavía desatendidas.

En cuanto a la financiación, en los últimos tres años ha aumentado la aportación de la Administración General del Estado con el plan de choque, pero aún no se ha alcanzado el objetivo de igualar al 50% la financiación entre Estado y comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el gasto por persona atendida se ha reducido: mientras en 2010 era de 8.145 euros, en 2024 es de 5.982 (un 26,6% menos) a pesar del incremento de costes. El servicio asistencial más importante es la ayuda a domicilio, pero su cobertura, siempre según datos del Observatorio, apenas ha variado: solo 8 décimas, del 4,7% en 2010 al 5,5% en 2022 para las personas mayores de 65 años.