Ciudadanos mejor cuidados

Entre 4,4 y 6,5 millones de personas precisan cuidados en España. Son, en su gran mayoría, ciudadanos de edad avanzada, pero también personas con discapacidad, menores tutelados o personas sin hogar. El Gobierno ha presentado las líneas maestras de una estrategia, la primera que se elabora, que se propone cambiar el modelo de cuidados entre este año y 2030 ante este desafío demográfico. Los cuidados, con todas sus implicaciones familiares, sociales y económicas, serán un pilar fundamental de la calidad de vida en un país progresivamente envejecido donde los mayores de 65 años serán el 30% de la población en 2047, y los mayores de 80 años llegarán a ser el 26,9% en el año 2065, según las proyecciones del INE.

El objetivo nuclear del plan, con un presupuesto de partida de 1.300 millones procedentes de fondos europeos, es pasar de un modelo de atención asistencialista a otro prestado en el entorno más próximo a la persona y más respetuoso con sus derechos, voluntad y preferencias. Gráficamente expresado, pasar del cuidado en una residencia al cuidado en casa o lo más parecido a esta, en el ámbito de la comunidad de la persona que necesita apoyo, con servicios como asistencia a domicilio, la teleasistencia o los centros de día. El ministerio plantea desarrollar la estrategia en planes bienales. Ya están en marcha una veintena de proyectos piloto, de cuya experiencia ha bebido la estrategia, y la cartera de servicios definitiva y su financiación se definirán más adelante.

El propósito es tan loable y ambicioso como complejos son los retos para materializarlo. En España, los cuidados de larga duración recaen en la familia, y especialmente en las mujeres. Esa feminización se repite entre los profesionales del sector. El plan quiere mejorar las condiciones laborales y salariales (así como la labor de inspección) de los cuidadores. El 82,2% de los afiliados a la Seguridad Social que trabajan en servicios sociales son mujeres, con un relevante peso de inmigrantes.

El reto es del país, y exige un compromiso de todos los implicados a largo plazo: Gobierno y comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, pero también un sector privado muy presente en las residencias (solo el 14% son de titularidad y gestión públicas) o los propios necesitados de apoyo y sus asociaciones.

España dio un gran paso adelante cuando en 2006 consagró por ley la atención a las personas dependientes, pero a pesar de demostrar lo necesario que era, su desarrollo registra todavía notables carencias y desigualdades. Ese precedente sirve como recordatorio de la importancia de dotar adecuadamente los servicios sociales, el cuarto pilar del Estado del bienestar, para que cualquier ciudadano, cualesquiera que sean sus necesidades, pueda desarrollar un proyecto de vida digno.