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Editorial:

'Mea culpa' no general

El Ejército chileno, aunque no toda la cúpula militar, ha reconocido sus culpas por los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura pinochetista (1973-1990). No ha llegado a pedir perdón por los asesinatos, pero resulta un paso valiente, como lo ha calificado el actual presidente, Ricardo Lagos. Este gesto coincide con las conclusiones que acaba de entregar la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que ha recogido 35.000 testimonios sobre 40.000 casos de abuso en los 17 años de salvaje represión, que causó al menos 4.000 muertos y desaparecidos.

El jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, da muestras de honradez al afirmar que no cabe hablar de hechos aislados o de excesos individuales, al tiempo que prestigia a la institución militar cuando señala que las violaciones a los derechos humanos nunca pueden tener justificación ética. Los jefes de la Aviación y de la Marina, así como el del Cuerpo de Carabineros, no han querido ir tan lejos. Si con ello pretenden preservar la imagen de las Fuerzas Armadas, se equivocan.

El informe de la comisión, que ha presidido el obispo Sergio Valech, no ha sido todavía completamente difundido, pero de la parte que ha trascendido se deduce que la tortura fue una práctica masiva realizada por todos los cuerpos de seguridad del Estado con objeto de aterrorizar a la población. Abusos sexuales, descargas eléctricas, violaciones con animales, palizas, falsas ejecuciones, inmersión en agua o en excrementos eran parte de esa conducta bestial del régimen de Augusto Pinochet. Es de justicia que quienes la sufrieron o sus familiares obtengan reparación social y económica, y que la sociedad chilena no ceje para que los responsables sean procesados, empezando por el general.

Pinochet, que está a punto de cumplir 89 años, eludió ser procesado por el juez Garzón en 1997 por los 19 crímenes que se le imputan en la Operación Cóndor. Se salvó tras más de año y medio de litigios, sustos y fatigas bajo arresto domiciliario en Londres. Precisamente sobre esos cargos existe ahora la posibilidad de que sea enjuiciado en su país si el juez Guzmán determina como no eximente la demencia moderada que padece, según los peritos médicos. Ni antes ni ahora, el dictador, al que se acusa también de tener cuentas ilegales millonarias en EE UU, ha asumido responsabilidades por tales atropellos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de noviembre de 2004