El Estado ha pagado 450 millones de más a la Iglesia en 15 años

Tras los acuerdos de España con la Santa Sede en 1979, y hasta 1987, el Estado realizó cada año una transferencia bruta a la Iglesia católica a cargo de los Presupuestos Generales del Estado con objeto de que ésta se financiase. Durante esos ocho años, la Iglesia recibió 510,22 millones de euros (84.696 millones de pesetas), según Hacienda.

Pero en 1987 el Gobierno socialista negoció con los obispos un régimen transitorio de financiación directa mediante el IRPF. De esta manera, los ciudadanos que quisieran adjudicarían voluntariamente algo más del 0,52% de ese impuesto marcando en la casilla de su declaración de la renta la que correspondiese a la Iglesia. Por su parte, los obispos se comprometían a encontrar una fórmula para llegar a la autofinanciación antes de tres años.

Pero la realidad demostró pronto que los ingresos por IRPF que los fieles aportaban eran inferiores a la transferencia bruta que la Iglesia había ido recibiendo del Estado año a año y por lo tanto insuficientes para el "sostenimiento de la Iglesia".

Sirva de ejemplo lo que ocurrió el primer año que se puso en práctica la casilla. En 1988 casi el 40% de los contribuyentes la marcaron y la Iglesia recibió por este concepto 40,19 millones de euros, una cantidad muy por debajo de los 79,99 millones de euros que había ingresado un año antes procedentes de las arcas estatales.

Complemento del Estado

Precisamente, por esta razón, el Estado ha estado completando a través de los Presupuestos Generales del Estado las aportaciones de los fieles a través de su IRPF hasta llegar a una cifra que permita financiación suficiente a los obispos. Este complemento presupuestario, que nunca ha devuelto la Iglesia, asciendió a 450,89 millones de euros entre 1988 a 2002. En total la Conferencia Episcopal ha recibido 2.082,37 millones de euros desde que se implantó la casilla.

Aunque Zapatero ha asegurado que no desea tocar los acuerdos sobre finananciación a esta institución, el PSOE ha propuesto cambiar el modelo para evitar que el Estado tenga que seguir pagando ese complemento y con el fin de que cualquier confesión que tenga un convenio de colaboración con el Estado aparte de la católica (protestante, musulmana y judía) pueda financiarse con donaciones voluntarias.

Los obispos han manifestado en más de una ocasión que a ellos tampoco les gusta el actual modelo. Y han pedido que el Estado les conceda el 0,8% del IRPF, en vez del actual 0,52%. Creen que de esta manera podrían llegar a la autofinanciación. En cualquier caso lo que los obispos solicitan es negociar una "fórmula concreta", porque según ellos, la que existe ahora la dispuso el Gobierno socialista unilateralmente.

Mientras tanto, aseguran que "aunque su financiación es un asunto importante no les quita libertad de actuación".