¿Unos presupuestos sociales?

Repetir mil veces que los Presupuestos Generales del Estado son "sociales" no evita constatar, para quien tenga el interés, el humor y el tiempo de estudiarlos, que estos presupuestos no aportan ni un euro más para las políticas relacionadas con los servicios para las personas mayores (atención domiciliaria, residencias, centros de día, enfermos de Alzheimer...), las políticas de lucha contra la pobreza (el denominado Plan de Inclusión Social), las políticas de apoyo a las familias (conciliación de la vida familiar y laboral, apoyo a las familias en situación de riesgo, dotaciones para plazas de guarderías, atención a menores) y las políticas en relación con las personas discapacitadas. Tampoco prevén previsión presupuestaria alguna para hacer posible, durante el ejercicio de 2005, la compatibilidad entre la pensión Sovi y la pensión de viudedad, tal como establece la proposición de ley que, a iniciativa de Convergència i Unió (CiU), se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Y es que el tan cacareado incremento del gasto social se concentra, fundamentalmente, en el sustancial aumento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuya dotación se deriva no tanto de una voluntad política como de un mandato legal, aprobado durante la pasada legislatura y resultado también de la denominada "separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social", que ha permitido el superávit del que ha gozado y goza el sistema de protección social. Así, si en el ejercicio de 2004 dicho Fondo de Reserva se dotó con 3.000 millones de euros, para 2005 se dota con 5.350 millones de euros. Y si al denominado "gasto social" le restamos dicha partida, él mismo crece menos que el conjunto de los presupuestos: el 7,8% de crecimiento global frente al 7,6% de crecimiento del gasto social. Añadamos a eso que el gasto sanitario crece un escuálido 2,1%. ¡Suerte que éstos eran unos presupuestos sociales!

Cataluña necesita con urgencia la nueva política social que falta en el proyecto de presupuestos para 2005

Estamos, pues, ante unos presupuestos continuistas en materia social y que vuelven a aplazar la movilización de recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de una nueva generación de políticas sociales imprescindibles para hacer frente no ya a los retos de futuro de la sociedad, sino a los problemas reales y cotidianos de la mayoría de la sociedad, o sea, a las familias de clase media, y al mismo tiempo hacer frente a los núcleos de nueva y vieja pobreza, consolidados en nuestra sociedad avanzada. Una clase media que no es suficientemente pobre para beneficiarse de las políticas asistenciales ni suficientemente rica para pagarse unos servicios sociales privados. Una nueva y vieja pobreza asociada a las mujeres mayores que viven solas, a jóvenes que han fracasado en la escuela, a inmigrantes indocumentados, a parados de más de 45 años... Así, las necesidades del 22% de hogares en los que viven personas mayores completamente solas, con problemas de falta de servicios básicos como calefacción y ascensor, y recibiendo pensiones extremadamente bajas, que no permiten vivir dignamente. Las necesidades de las familias que atienden en sus casas a personas mayores o personas con discapacidad, con una media de edad por parte de las personas cuidadoras de cerca de 53 años y que en el 83,6% son mujeres, de las cuales el 70% son hijas y que padecen también, en su caso, un progresivo deterioro en su salud y en su calidad de vida. Las necesidades de las familias jóvenes, con niños pequeños, con padres y madres que trabajan fuera de casa, que movilizan abuelos y abuelas para funcionar en la vida cotidiana, sin una red suficiente de servicios de guardería cerca de sus casas o en sus empresas, sin un buen y moderno sistema de licencias parentales y con una inmensa red de pymes que no goza de apoyo público para intentar flexibilizar su jornada horaria.

Cataluña, como sociedad moderna, avanzada, europea, posindustrial y altamente individualizada, necesita con urgencia la nueva política social que falta en el proyecto de presupuestos para 2005. La política de atención a la dependencia, orientada a activar recursos y esfuerzos para atender al creciente sector de la población que requiere apoyo para sus necesidades diarias, pero también con la pretensión de consolidar un nuevo derecho ciudadano de acceso a los servicios sociales. La política de apoyo a las familias, con más recursos para guarderías, apoyo a las empresas para facilitar la conciliación de la vida familiar con el trabajo, licencias parentales que nos acerquen a las sociedades más avanzadas del resto de Europa y apoyo a las familias que opten también por dedicar su tiempo, preferentemente, en favor del cuidado de sus hijos o sus padres. La política de lucha contra la pobreza, con la mejora de las pensiones no contributivas y el apoyo a la inserción laboral, orientada, claramente, a la inclusión social.

Va a ser este un año perdido no tan sólo para Cataluña, en materia de infraestructuras, tal como afirmó en su día el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, sino también en términos de calidad de vida y justicia social para la gente de este país. Un país de gente que trabaja duramente, paga sus impuestos con seriedad y que, en cambio, vive, paradójicamente, sometida a un verdadero estrés social como resultado de las debilidades de nuestro sistema de protección social y de la injusticia e insuficiencia de nuestro sistema de financiación.