Trabajo aumenta la financiación para servicios sociales municipales y congela la autonómica

El proyecto de presupuestos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad para 2005 apuesta por reforzar los servicios sociales básicos ofrecidos por los ayuntamientos (partida con 90,8 millones de euros, un 7,7% más), y congela prácticamente todas las transferencias a las comunidades autónomas, incluidas las destinadas a guarderías o conciliación familiar y laboral. Entre las partidas que más aumentan destaca la destinada a la teleasistencia para mayores y mujeres maltratadas: 23,4 millones, un 48,1% más. Para CC OO se trata de un presupuesto "continuista".

"La financiación del conjunto de servicios sociales del Estado tendrá un crecimiento importante", asegura la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce. Su departamento contará con 2.750 millones de euros (un 5,1% más que en 2004) de los 25.328,8 destinados al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, según el proyecto de presupuestos generales, en trámite parlamentario.

A la hora de establecer el reparto del dinero disponible (la mayor parte se destina al Imserso para el pago de pensiones: 2.007 millones para las no contributivas y 112 millones para las de discapacidad), se ha apostado por reforzar líneas como la red de servicios sociales básicos en manos de los ayuntamientos (90,8 millones de euros, un 7,7% más ) y la teleasistencia a las personas mayores y las mujeres maltratadas (23,4 millones, un 48,1% de aumento presupuestario para ampliar los beneficiarios en un 70,4%, hasta los 136.000).

Casi todas las partidas destinadas a financiar servicios sociales, que dependen de las comunidades autónomas, han quedado congeladas. "El Gobierno considera que las comunidades autónomas tienen competencias y financiación. Son las responsables de los servicios sociales. Si necesitan más dinero, pueden subir impuestos o buscar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal", explica Valcarce. Añade que esas transferencias y las destinadas a servicios municipales se congelaron en los últimos años de gobierno del PP.

El aumento de la partida para los servicios sociales básicos, en manos de los ayuntamientos y confinanciados también por las comunidades y el Gobierno central, obedece al deseo de mantener y mejorar una red básica que garantice un mínimo de equidad. Estos servicios, que atienden a 3,4 millones de personas, contarán con una aportación estatal de 90,8 millones de euros (un 7,7% más que lo presupuestado por el PP para 2004). Este dinero se emplea en casas de acogida para maltratadas, centros de día y asistencia domiciliaria para mayores, albergues o centros de acción social, detalla Valcarce.

Prácticamente todas las partidas destinadas a servicios de competencia autonómica (de menor cuantía) quedan congeladas. En esta situación se encuentran, por ejemplo, los fondos para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral (21,8 millones de euros), apoyar las familias monoparentales o en situación de riesgo (13,7 millones) o crear plazas de atención para menores de tres años (siete millones). Igualmente se estancan las partidas para erradicación de la pobreza o intervención social en comunidades gitanas (algo más de tres millones de euros cada una).

El planteamiento presupuestario para Asuntos Sociales ha encontrado la crítica frontal del sindicato Comisiones Obreras. En un informe, denuncia "la absoluta congelación de los planes y programas estatales realizados de forma cofinanciada con las comunidades autónomas, continuando con la actitud del Gobierno del Partido Popular en la última legislatura". Añade que ese estancamiento incide en el empleo y provoca el deterioro de la calidad de atención y una rebaja en la cobertura de los usuarios.

El informe sindical detalla que se han congelado los presupuestos de planes como el de acción para las personas mayores, el de Alzheimer y el de ayudas para familiares cuidadores. En el caso de los tres últimos considera "sorprendente" la decisión, "teniendo en cuenta que en el año 2005 no habrá dotación presupuestaria específica para la futura ley de atención a la dependencia". También el PP ha criticado este aspecto. Valcarce reconoce que no existe dotación presupuestaria para el anunciado fondo para la dependencia, pero asegura que comenzará a implementarse el año que viene, cuando esté en marcha la ley que regule la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas.

"Son unos presupuestos claramente continuistas y que nada tienen que ver con las expectativas que los propios responsables del ministerio habían creado. No se reflejan sus promesas ", asegura Héctor Maravall, adjunto a la secretaría de política institucional de Comisiones Obreras y autor del citado informe.

Valcarce lo niega y apunta que en el proyecto de presupuestos generales el gasto social crece un 9,5%. "Es la primera vez que más de la mitad del gasto público, el 50,1%, se destina a gasto social", afirma.