Cuerpo avanza que habrá medidas fiscales para el campo y el transporte sin concretar cuándo se aprobarán
El Gobierno considera que la crisis energética no ha impactado de forma general en la economía


El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo ha avanzado este jueves que el Gobierno está preparando la adopción de un paquete de medidas que mitiguen el impacto de la crisis bélica en Oriente Próximo en los bolsillos de los ciudadanos. De momento, solo ha concretado que el Ejecutivo pretende aprobar “en próximos días y con la mayor celeridad” una serie de “medidas fiscales”. Estas, de momento, se dirigirán solo a los sectores del campo y el transporte por carretera, que son los que se están viendo más perjudicados por el encarecimiento de los carburantes, debido a la crisis bélica en Irán. También ha insistido en que las ayudas serán “muy quirúrgicas”, porque el Ejecutivo cree que la crisis aún no está afectando a la economía ni al empleo en general. En cuanto a otras posibles actuaciones de carácter social, el Ejecutivo estudia cuestiones que dieron buenos resultados tras la invasión rusa de Ucrania como la prohibición de suspender los suministros básicos a familias vulnerables o la aplicación de rebajas fiscales en la factura de la luz.
Cuerpo ha comparecido este jueves tras reunirse, junto al resto de ministros del área económica, con los máximos líderes sindicales y patronales, con los que ha compartido “el esqueleto” de medidas paliativas en las que trabaja el Ejecutivo. Sin embargo, más allá de esbozar “instrumentos” fiscales, el responsable de Economía no ha concretado el tipo de medidas en las que piensa el Ejecutivo. Sí ha enfriado, en cambio, la posibilidad de que se repitan las bonificaciones a los carburantes que se aplicaron tras la guerra en Ucrania (el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que se subvencionó durante gran parte de 2022 cada vez que un ciudadano repostaba). “Es una de las medidas que menos nos aconsejan”, ha asegurado el ministro, quien ha ahondado en la misma idea al recordar que aquella iniciativa fue objeto de “numerosas críticas” y eso es algo que ahora el Gobierno “lo está teniendo en cuenta”.
De hecho, momentos antes, los líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han criticado las bonificaciones a los carburantes que se aprobaron por la guerra en Ucrania. Consideran que estas sirvieron más para mejorar los márgenes empresariales que para aliviar las finanzas de los ciudadanos. En ese sentido, el ministro de Economía ha anunciado que el Ejecutivo está “reforzando la vigilancia” sobre las empresas petroleras y las estaciones de servicio, a través de herramientas de inteligencia artificial y con el intercambio diario de información. El objetivo es garantizar que “no haya comportamientos anómalos” en cómo se traslada el aumento del precio del crudo al precio del surtidor. Y ha indicado que se mantendrá la vigilancia para garantizar que si el precio del crudo se estabiliza o baja, esto se reproduzca igualmente en el precio al consumidor de los carburantes.
En las últimas semanas, desde que se iniciara el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el barril de brent, la referencia europea del crudo, ha pasado de cotizar en torno a los 60 dólares a rozar los 120. El resultado en términos de coste final para el bolsillo del consumidor depende, no obstante, de las cotizaciones internacionales de los combustibles. Y esto se ha traducido en un encarecimiento de la gasolina del 10% y del 20% en el caso del diésel.

Medidas sociales
Cuerpo no ha concretado si irán en un real decreto o en varios, ni cuándo se aprobarán, pese a que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciaba a primera hora de este jueves que las ayudas se aprobarían el próximo martes, en el Consejo de Ministros. Sobre el resto de posibles medidas, más allá de las fiscales, el ministro de Economía ha sugerido que el Ejecutivo trabaja, entre otras cuestiones, en retomar “la prohibición de suministros”. En 2021 el Ejecutivo decretó la prohibición de cortar los suministros básicos —luz, agua y gas— a los consumidores vulnerables incluso en caso de impago, una medida que se fue prorrogando desde entonces hasta que recientemente el Congreso tumbó parte del denominado escudo social de la covid y la guerra de Ucrania.
Cuerpo sí ha descartado rebajas fiscales generalizadas, como la reclamada esta misma semana por el presidente de Mercadona, Juan Roig, de bajar al 0% el IVA de los alimentos. El ministro ha insistido en que las decisiones serán “proporcionadas” al impacto que está teniendo la crisis en la economía en general y en los sectores en particular. Y ha incidido en que serán medias “flexibles” para que puedan irse adecuando a la evolución del conflicto. En este terreno, ha especificado que el Gobierno tampoco ha detectado aún un incremento en los precios del sector de la distribución como el que se produjo hace cuatro años y ha sugerido la idea de que las medidas paliativas para el transporte están orientadas precisamente a impedir que los sobrecostes se trasladen al almacenamiento, la logística y los supermercados.
Hipotecas y alquileres
No obstante, Cuerpo ha vaticinado que se producirá un pico inflacionista en marzo y en abril, y ha emplazado a que será la duración del conflicto la que delimite si la escalada del IPC se prolongará más allá de estos meses. En caso de que esto ocurriera, ha señalado que el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que evaluar una posible subida de tipos de interés, lo que desembocaría en un encarecimiento de las hipotecas, por ejemplo. “Pero en ningún caso estamos ahora en ese escenario”, ha recalcado Cuerpo. Igualmente, ha descartado tácitamente la exigencia de los ministros de Sumar en el Gobierno para congelar los precios y condiciones de los alquileres, argumentando que las medidas deben ser “proporcionales y adecuadas” a la situación provocada por el conflicto. Es más, ha incidido en que actualmente la afectación a la economía no es ni de lejos parecida a la de la guerra en Ucrania y así lo ha observado también Bruselas, que a diferencia de entonces, no cree de momento que se den las condiciones para activar la denominada cláusula de escape, que permite a los Estados incumplir las reglas fiscales.
El titular de Economía sí ha visto con buenos ojos otras medidas que se tomaron durante la crisis inflacionista de 2022 y 2023, tras la invasión rusa de Ucrania, como las rebajas temporales del IVA de la electricidad —que se redujo primero del 21% al 10% y, después, del 10% al 5%—. Pese a mostrarse favorable, Cuerpo ha querido en todo momento ser cauto, asegurando que los efectos derivados de la guerra de Irán no han impactado hasta el momento de manera generalizada en la economía española “porque España tiene los deberes hechos” en materia de transición energética e inversiones en infraestructuras y energías renovables. Y ha coincidido con los secretarios generales de CC OO y UGT en que la crisis de Oriente Próximo tampoco ha impactado en el mercado laboral. “Con la evolución de la afiliación hasta ayer mismo, vemos que el mercado laboral no se ha visto afectado”, ha dicho Cuerpo.
Gobierno y sindicato también comparten que, en el momento en el que el empleo y la actividad se vieran perjudicados, están vigentes las medidas relacionadas con los ERTE (suspensión temporal de empleo) y el mecanismo RED para que las empresas puedan utilizarlos como alternativa a los despidos. Sin embargo, los líderes sindicales han señalado que en la reunión el Gobierno no ha trasladado que en el primer paquete de medidas vayan a prohibirse los despidos objetivos que tengan como causa la nueva crisis, tal y como había avanzado a primera hora de mañana Yolanda Díaz.
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