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CiU anuncia que votará en contra de los Presupuestos de 2005

Convergència decide hoy su posición sobre el referéndum de la Constitución europea

Convergència i Unió (CiU) votará, por segundo año consecutivo, contra los Presupuestos Generales del Estado. El presidente del grupo de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, consideró que el porcentaje de inversión destinado a Cataluña está lejos de lo "razonable" pues disminuye en una décima respecto al ejercicio de 2004, unos Presupuestos que los nacionalistas también rechazaron. Duran invitó a Esquerra a hacer un frente común.

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Los convergentes sostienen que las inversiones destinadas a Cataluña son "regresivas" y "discriminatorias" pues suponen una reducción, respecto a los Presupuestos de 2004 -elaborados por el PP- de más de 27 millones de euros. Y Duran no cree que este déficit se solvente "con cuatro enmiendas".

De momento, CiU votará en contra en el Congreso donde sus votos no son decisivos. Pero en el Senado, si las cuentas del Estado se mantienen inalterables, los nacionalistas pueden bloquear su aprobación. Ayer, Duran Lleida reclamó a Esquerra Republicana su implicación para que los Presupuestos sean devueltos al Gobierno y no pasen ni el trámite del Congreso. "Con los socialistas catalanes ya ni cuento, pero si CiU y ERC quieren, estos Presupuestos no se aprobarán", dijo.

Duran coincidió con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, quien ayer mismo consideró "un año perdido" el de 2004 para alcanzar la cifra óptima del 18% de inversiones del Estado. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, respondió que la inversión por habitante en Cataluña es similar a la del resto del Estado.

Por su parte, los socios convergentes de la federación nacionalista, Convergència Democràti-ca, celebrarán hoy un congreso extraordinario para decidir su posición ante el referéndum sobre la Constitución europea. CDC parte de una posición contraria al tratado. Pero su voto podría cambiar e inclinarse por el sí, si finalmente la Unión Europea acepta la oficialidad del catalán y el Gobierno central se compromete a la participación de las comunidades autónomas en los organismos comunitarios.

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