El Gobierno remodela la cúpula del servicio secreto CNI seis meses después del 11-M

El Consejo de Ministros aprobó ayer el cese de la secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), María Dolores Vilanova, y su sustitución por otra mujer, Esperanza Castelleiro, con 21 años en el servicio secreto. Aunque no se hizo público, también relevó a uno de los dos directores generales del centro, J. L. R., responsable de administración y personal. Al menos otros cuatro jefes de división también han sido cambiados. Fuentes del centro dijeron que estos relevos responden al "cambio de prioridades informativas que se deriva del 11-M".

Cinco meses después de su nombramiento, el secretario de Estado responsable del CNI, Alberto Saiz, hombre de la máxima confianza del ministro de Defensa, José Bono, procedió ayer a una amplia remodelación de la cúpula del servicio secreto.

El Consejo de Ministros aprobó el cese como secretaria general del centro, con rango de subsecretaria, de María Dolores Vilanova, nombrada en mayo de 2002 por el anterior director, Jorge Dezcallar.

Para sustituirla ha sido designada otra mujer, Esperanza Casteleiro Llamazares, nacida en Madrid, de 47 años. Casada y con tres hijos, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, ingresó en el servicio secreto en 1983 y ha estado destinada tanto en la división interior como en el extranjero, en Brasil. Hasta ahora dirigía el área de gestión de recursos humanos, por lo que tenía un perfil bajo.

Aunque no se hizo público, pues su nombramiento tiene carácter secreto, el Gobierno relevó también al responsable de Personal y Administración, J. L. R., uno de los dos directivos con rango de director general. El otro, responsable de inteligencia, ha sido confirmado.

Los relevos alcanzan también a por lo menos cuatro jefaturas de división; entre ellas, Exterior (que dirigirá una mujer) y Contrainteligencia. Fuentes próximas a la dirección de centro indicaron que los cambios responden a las "reformas en la organización y orientación" del trabajo del CNI, debido al "cambio de las prioridades informativas tras el 11-M".

El CNI ha vivido en el último año una etapa muy convulsa pues, además del 11-M, sufrió la muerte de ocho agentes en Irak. En los últimos tiempos se habían producido tensiones en el seno del equipo directivo heredado de la etapa del PP. Algunos relevados estaban próximos a la ex secretaria general.

El Consejo de Ministros acordó también ayer la entrega de 25 de los 96 documentos reclamados por la Comisión de Investigación del 11-M. Según la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, 12 de los informes pedidos ya fueron entregados en su día al Congreso y nueve se están elaborando.

El Gobierno alega que no puede entregar 43 documentos: 28 porque están sujetos al secreto sumarial; siete porque se refieren a antecedentes penales o policiales protegidos por la ley; uno -relativo a movimientos en las cuentas de los implicados en el 11-M- porque está protegido por el secreto bancario; y siete -sobre información facilitada por servicios secretos extranjeros al CNI- porque están exentos de control parlamentario, según el Gobierno.

No hay cuatro documentos

El Consejo de Ministros mantiene el carácter clasificado de tres documentos, pero se muestra dispuesto a mostrarlos a la comisión del 11-M en sesión secreta. En concreto, se trata de las seis ediciones del informe de Europol sobre valoración de la amenaza del terrorismo islámico; y del informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió a la comandancia de Asturias sobre la venta de explosivos por parte del ex minero José Emilio Suárez Trashorras; así como las actas de inspección y registro de las minas asturianas Conchita y La Collada.

Por último, el Gobierno alega que cuatro de los documentos solicitados, la mayoría por el PP, no existen. Se trata de la la información que el confidente Rafá Zouhier habría dado sobre la venta de armas por parte de un guardia civil a un socio uno de los presuntos autores del 11-M; de la denuncia de un abogado sobre la supuesta existencia en Asturias de un depósito de dinamita destinada a ETA; y de dos informes sobre la estancia en cárceles marroquíes de implicados en el 11.M.

Más contundente se muestra el Gobierno ante la insinuación, planteada por el PP; de que miembros de ETA participaron en el asesinato de los agentes del CNI en Irak: "No existe información alguna en el CNI que conforme la hipótesis formulada en la petición".