Dos funcionarios reclaman 6.000 euros tras sufrir análisis de sida no autorizados

Al menos dos funcionarios de la plantilla del Hospital Provincial de Castellón han presentado un recurso contencioso administrativo en el que reclaman 3.000 euros cada uno ante lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad personal. El origen del contencioso está en el reconocimiento médico al que se sometió a la plantilla del centro sanitario y durante el que la Unión de Mutuas realizó análisis de sida, hepatitis B y C sin el consentimiento previo de cada uno de los facultativos. Tal como publicó ayer el país, Unión de Mutuas decidió rescindir el contrato con el hospital, dependiente del Servicio Valenciano de Salud, después de que se conociera públicamente la realización de dichos exámenes sin la autorización de los afectados. Sin embargo, el contencioso señala como responsables tanto a la Unión de Mutuas, contratada como servicio ajeno, como al propio Hospital Provincial de Castellón. La sección sindical de CC OO, que denunció la realización de dichos análisis, califica de "espantada" la decisión unilateral de la empresa de dar por finalizado el servicio.

En cualquier caso, la Unión de Mutuas no podrá desprenderse, absolutamente, de cierta conexión con el centro hospitalario hasta que no se resuelva el contencioso. Éste se presentó en el mes de julio, después de que la mutua respondiera negativamente a la reclamación de sendos funcionarios. El personal de plantilla considera que existe una corresponsabilidad e indica que la de la Unión de Mutuas se centra en la prestación de un servicio al que "cabe imputar la autoría directa de la actuación", mientras que la del hospital se debe a que es "de su responsabilidad directa el asegurar que el servicio de prevención se preste en las condiciones exigibles legalmente, adoptando todas las medidas precisas para que ello sea así".

Sanción al centro médico

Mientras que el Hospital Provincial no contestó a la reclamación, la Unión de Mutuas desestimó la misma al considerar que no ha vulnerado derecho alguno. Además esgrimió la conclusión a la que llegó la Inspección de Trabajo que apuntó que la mutua había "respetado con escrupulosidad los dos principios fundamentales en la acción preventiva de la vigilancia de la salud, como son el respeto al derecho de la intimidad y el respeto a la confidencialidad en los datos obtenidos". El apoderado de la Unión de Mutuas, Jorge García Bonet, remitió un escrito al diputado responsable del hospital en el que defendía su inocencia.

Los análisis se realizaron en el mes de noviembre de 2003 y fueron denunciados tres meses más tarde. La reclamación provocó una resolución del jefe de la Inspección provincial de Trabajo, que le valió al citado hospital una sanción de 1.600 euros.