La apuesta por la gestión privada y la competencia entre hospitales

La falta de liquidez es uno de los principales problemas que sufre la sanidad pública valenciana. En su último informe, la Federación Española de Empresarios de Tecnología Sanitaria situó a la Comunidad Valenciana en el primer lugar de la lista de Administraciones morosas, con un retraso medio de 550 días en el pago a proveedores de productos sanitarios. La deuda global ascendía el pasado 31 de mayo a 476 millones. Otro de los quebraderos de cabeza del consejero de Sanidad, Vicente Rambla (PP), es el incremento continuo del gasto farmacéutico. Los datos del pasado julio reflejan un incremento del 14,2% respecto al mismo mes de 2003, casi el doble del incremento medio del resto de comunidades.

La diferencia entre el presupuesto para gestionar la sanidad en 2003 y lo gastado arroja un déficit de 474 millones (un 14,4% del presupuesto aprobado).

La consejería sostiene que buena parte del déficit corresponde a la atención de desplazados -en su mayor parte turistas-. En 2002, según la Generalitat, se atendió a 840.000 pacientes de otras comunidades, que supusieron un gasto de 100 millones de euros, mientras que sólo recibió 2,4 millones del Fondo de Cohesión. Para frenar gastos, la Consejería de Sanidad apuesta por los hospitales de titularidad pública y gestión privada, introducir la competencia entre hospitales para estimularles a mejorar su eficiencia, a cambio de darles más recursos, y fomentar que se receten fármacos genéricos.

La principal apuesta del PP al llegar a la Generalitat valenciana fue impulsar la creación de hospitales de titularidad pública gestionados por empresas privadas mediante una concesión administrativa. El primero en entrar en funcionamiento fue el hospital de la Ribera, en Alzira, en enero de 1999. El grupo empresarial que obtuvo la concesión también controla la atención primaria de la comarca a cambio 380 euros por habitante (unos 230.000) y año, que paga la Generalitat. Se encuentra en construcción un centro similar en Torrevieja y está previsto otro en Denia.

Para 2005, la Generalitat quiere que hospitales y ambulatorios sean financiados en función de la población que atienden y del cumplimiento de objetivos -listas de espera, demoras, coste por proceso, estancia media, evolución de gastos de funcionamiento y actividad de urgencias, entre otros-.