La Comunidad reclama 825 millones al Gobierno central

Los dos primeros años de gestión de la sanidad pública, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, le han supuesto a la Comunidad de Madrid un agujero de 825 millones de euros. Aún no existen cifras sobre la cuantía de este año.

Madrid atribuye íntegramente al Gobierno central la responsabilidad de estos números rojos. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, considera que no se han desarrollado los mecanismos previstos en enero de 2002 para corregir al alza la cuantía que Madrid recibe del Estado por el aumento de población, la asistencia a los extranjeros y a los desplazados de otras comunidades, entre otros conceptos.

La opinión del Ejecutivo madrileño es que sus cuentas quedarían cuadradas si el Gobierno central le abona los 825 millones que considera que le debe y si aumenta la dotación del fondo de cohesión, por el que las comunidades reciben el dinero que les cuesta atender pacientes de otras comunidades, que actualmente genera un déficit anual superior a los 50 millones de euros.

El grueso de la reclamación al Gobierno central, 460 millones, corresponde sin embargo al aumento de población, cercano al medio millón de personas, que Madrid ha experimentado en los cuatro últimos años.

Madrid fue la primera comunidad en aplicar el céntimo sanitario, con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Posteriormente, al sustituirle Esperanza Aguirre, la tasa quedó congelada en los 1,7 céntimos por litro de carburante y no se ha aplicado el segundo tramo. Aguirre no ha mostrado por el momento intención de querer zanjar el déficit sanitario con nuevos impuestos o aumentos de los actuales.

Para financiar los ocho nuevos hospitales prometidos por Aguirre -estarán terminados en 2007-, la Comunidad de Madrid ha optado por dar entrada al capital privado. La nueva fórmula, hasta ahora inédita en la región, consiste en que una empresa constructora financie el coste del hospital y gestione las áreas no médicas del edificio -restauración, administración, limpieza, archivo de historias clínicas, mantenimiento...- durante 30 años.

El Gobierno madrileño, por su parte, pagará un alquiler anual por el uso del hospital y mantendrá la gestión de la asistencia médica a los pacientes.