Debate territorializado

La insistencia de Maragall en que los Presupuestos del Estado incluyan una partida para paliar el déficit de la sanidad pública catalana está colocando al Gobierno de Zapatero en difícil situación. Por una parte, porque dificulta el compromiso de hacer compatible el "giro social" con la estabilidad presupuestaria; por otra, porque amenaza con desatar una dinámica de agravios comparativos de imprevisibles consecuencias.

La necesidad de pactar los Presupuestos con ERC e IU es a la vez una oportunidad y un riesgo. Que una fuerza como ERC se comprometa en la gobernabilidad del Estado respaldando los Presupuestos Generales es una novedad tan insólita como que lo haga IU, que siempre votó en contra. La participación de los nacionalismos en la política española es la otra cara del autogobierno que propicia el Estado autonómico. Pero es también un riesgo si las contrapartidas exigidas son percibidas en otras comunidades como un intento de abuso de posición.

El equilibrio entre oportunidad y riesgo depende en buena medida de la actitud del PSC, que está a la vez interesado en el éxito del tripartito en Cataluña y en la estabilidad y afianzamiento del Gobierno de Zapatero. Con 21 de los 31 diputados del tripartito, el PSC está en condiciones de garantizar ambas cosas; y para ello no puede poner al presidente ante demandas que éste no pueda satisfacer sin irritar al resto de las comunidades o provocar la quiebra de la Hacienda pública.

Muchas comunidades tienen déficit en Sanidad. La evolución del gasto sanitario depende de factores como la atención a población transeúnte y el envejecimiento de la población; pero depende sobre todo del catálogo de prestaciones, que es una decisión política de la comunidad que gestiona el servicio de acuerdo con su propio presupuesto. El incremento de gasto sanitario puede financiarse mediante un aumento de las transferencias del Estado, pero también recortando otras partidas de los presupuestos de la Comunidad.

Es evidente que existe un problema, pero no es exclusivo de Cataluña, y la solución no puede consistir en que los Presupuestos Generales enjuaguen el déficit de una determinada comunidad porque el Gobierno necesita los votos de sus diputados. El marco obvio de discusión y negociación, como han dicho los dos vicepresidentes, y también el ministro Montilla, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí habrá de ponderarse en qué medida hay que modificar los criterios de financiación de la sanidad, y eventualmente la forma de hacer frente a la deuda acumulada. Tal vez la exigencia acuciante de Maragall sea una forma de preparar esa negociación futura. De momento, el proyecto de Presupuestos ya contempla un aumento del 9,6% en las transferencias a las autonomías, de acuerdo con una prioridad del programa socialista.