Un cajón de sastre

La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos fue creada en 1992 a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional. Hasta entonces se utilizaba la Ley de Presupuestos para modificar otras leyes ajenas, motivo por el que actuó el alto tribunal, que entendió que "para regular cuestiones relativas a los Presupuestos, pero apartadas de su núcleo era necesaria una ley adjunta", siempre que la materia guardase "relación directa" con las cuentas públicas.

De esa sentencia nació la polémica ley, que con el tiempo se ha convertido en un cajón de sastre en el que cabe de todo y con la que el Gobierno aprovechaba la mayoría parlamentaria para introducir modificaciones que no tenían, precisamente, mucho que ver con los Presupuestos. Además, se incluían en los últimos trámites del Senado, con lo que se desvirtúaba gravemente la lógica parlamentaria ya que apenas deja tiempo para el debate. La única salida ha sido la presentación de recursos de inconstitucionalidad. De poco ha servido, además, que el Consejo Económico y Social (CES) tachara de "inseguridad jurídica" el uso de la ley y que el Consejo de Estado lo calificara de "perturbador".

Y es que año tras año se ha repetido la historia de forma creciente. Durante los primeros años de la ley, se utilizó para introducir medidas tributarias como las vacaciones fiscales, en 1994, o las primeras reformas del mercado del suelo, en 1996. Con el PP, el atajo legislativo se convirtió en una verdadera autopista. Y junto a algunas medidas cuya inclusión sí tenía cabida de acuerdo a la sentencia del Constitucional como las ayudas a los afectados del Prestige o algunas tasas, se colaban otras sin mucha razón de ser, como las ayudas a las eléctricas, conocidas como Costes de Transición a la Competencia (CTC).

También se incluyó, en 1999, la figura de las fundaciones sanitarias, que abrían al sector privado la gestión de los hospitales, y asimismo se usó en su día para endurecer la Ley Audiovisual o para hacer la primera gran reforma del IRPF, que de por sí requería de un debate específico. O temas tan dispares como las sanciones por violencia en el deporte, la prohibición de cazar o pescar especies protegidas, la venta por Internet, la Ley del medicamento o el trasvase del Ebro.