El cóndor que planea sobre Pinochet

Los abogados querellantes del ex dictador Augusto Pinochet, desaforado el jueves pasado por la Corte Suprema de Chile, irán al despacho del juez Juan Guzmán mañana, cuando termine su baja por gripe, a pedir que lo interrogue de inmediato por los crímenes de la Operación Cóndor. Eduardo Contreras, uno de estos juristas, sostiene que la primera pregunta que debería hacer el magistrado a Pinochet es: "¿Cuál fue su participación en la reunión en Santiago, en noviembre de 1975, donde se formalizó esta operación para reprimir a los opositores de las dictaduras suramericanas?".

A la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, estableció la justicia chilena, acudieron los directores o representantes de los aparatos de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay y el anfitrión fue la DINA (la policía política de la dictadura de Pinochet). Las pruebas abundan: cartas de invitación, el envío de una copia del acta de clausura a la cancillería chilena para que agentes de la DINA queden destacados en las embajadas, testimonios... Para los jueces, Pinochet no puede alegar desconocimiento. Sostienen que "es imposible" que se efectuara esta reunión en plena dictadura sin que el entonces jefe del Ejército y gobernante "se hubiese enterado ni dado su aprobación". Esta coordinación tuvo el apoyo, o al menos la aceptación de Estados Unidos. Fue el comienzo formal de esta internacional del terror que arrestó, secuestró, torturó y asesinó a más de 200 opositores de la dictadura en los años setenta y ochenta, trasladándolos en secreto de un país a otro, muchos de los cuales están detenidos-desaparecidos. Primero la Corte de Apelaciones de Santiago, por 14 votos contra nueve, y después la Corte Suprema, por nueve votos contra ocho, privaron de inmunidad al ex dictador por sus fundadas sospechas de que participó en los crímenes de 19 de estas personas. Desprovisto de fuero, Pinochet no podrá oponerse a ser interrogado ni a someterse a nuevos exámenes mentales, según el orden que decrete Guzmán. A tres meses de cumplir 89 años, en su crepúsculo, el ex dictador está en la situación más vulnerable desde que en 2000 volvió de su arresto en Londres: desaforado, sin apoyos, con su imagen desmoronada entre sus partidarios después de que se descubrieran sus cuentas secretas con entre cuatro y ocho millones de dólares en el banco Riggs y sin subordinados dispuestos a sacrificarse por él. Para eludir la justicia, sólo le queda el camino de intentar demostrar demencia senil. Ya lo hizo una vez antes, escapando de las manos de Guzmán, que había conseguido desaforarlo por la llamada caravana de la muerte, una comitiva militar enviada por él que recorrió el país asesinando a 75 prisioneros políticos poco después del golpe en 1973 contra el presidente Salvador Allende.

La acusación pedirá al juez que Pinochet sea interrogado de inmediato

Sobreseído por su supuesta locura y después de que los tribunales rechazaran desaforarlo en otras dos querellas criminales, Pinochet concedió entrevistas, se paseó, fue de compras, a comer a restaurantes y se comportó como un intocable. El peso de los antecedentes inculpatorios en la Operación Cóndor y su actitud llevaron a jueces de tribunales que se han ido renovando a cambiar de criterio y lo desaforaron de nuevo. El ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, uno de los seis procesados por la Operación Cóndor, advirtió a Pinochet el viernes, en una entrevista a un noticiario de televisión, de que no está dispuesto a cargar con todo el fardo: "Yo respondo por lo que hice y todo lo que mi gente hizo. Mis superiores también deben responder por lo que se ordenó y lo que se hizo". Su superior, según el expediente, era Pinochet, con quien desayunaba a diario para darle cuenta de los actos de la DINA. "Cualquier misión a cumplir tendría que haber venido, como siempre vino, del presidente de la República", declara. La colaboración de los aparatos represivos fue previa a la primera reunión. Los asesinatos en Buenos Aires, en 1974, del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y de su esposa fueron los primeros ejemplos. Pero los querellantes escogieron para acusar al ex dictador por la Operación Cóndor por aquellos casos en que estaba más avanzada la investigación. Uno de los casos más documentados en los 12 tomos y dos cuadernos reservados de este proceso contra Pinochet es el de Jorge Fuentes, un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria al que decían Trosko. Arrestado y fichado por la policía paraguaya en 1975, fue interrogado por agentes de la DINA que viajaron hasta ese país y después lo trajeron al país. Decenas de prisioneros en Villa Grimaldi, un recinto de torturas de la DINA, recuerdan que Trosko llegó desde Paraguay con sarna y sin cabello. Cuando no lo estaban torturando, lo dejaban amarrado a una casucha de perro, donde los guardias se reían de él, lo hacían ladrar y le decían "bicho". Su rastro se pierde cuando lo "trasladan". En otro caso, Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, su esposa, fueron sacados en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) del avión donde venían desde Santiago y frente a todos los pasajeros detenidos por agentes de la DINA y argentinos, y desde entonces están desaparecidos.