El PSE propondrá que se ceda a Euskadi la gestión de la Seguridad Social

El traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco sin romper la caja única, la revisión de leyes de bases que han invadido competencias del autogobierno, sobre todo en educación, empleo e infraestructuras, y la concesión de nuevas competencias en justicia, infraestructuras e investigación son las principales propuestas que recogerá la reforma del Estatuto que el Partido Socialista de Euskadi (PSE) presentará como alternativa al plan Ibarretxe. Su autor es el padre del Estatuto de Gernika y ex dirigente del PNV Emilio Guevara, expulsado de este partido por sus discrepancias con el proyecto del lehendakari.

El documento que el secretario general del PSE, Patxi López, ha encargado a Emilio Guevara no estará articulado como el plan Ibarretxe. Su objetivo es servir como texto de debate en una ponencia abierta, como en Cataluña, de la que debería salir un Estatuto de Gernika reformado con las aportaciones y el consenso de todos los partidos democráticos.

La propuesta de reforma del Estatuto de autonomía vasco del PSE tiene tres apartados:

- Resolución de los viejos contenciosos pendientes. El contencioso pendiente de más calado está en el área social del Estatuto y, concretamente, en la Seguridad Social. En el Estatuto de Gernika figura que la Seguridad Social será regulada por un régimen de convenio entre el Gobierno vasco y el central. El Ejecutivo vasco siempre ha interpretado que el régimen de convenio es similar al Concierto Económico, esto es, que el País Vasco recaudaría la Seguridad Social y cedería un porcentaje al Ejecutivo central. El Gobierno central, amparado en sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, ha rechazado dicha interpretación.

El PSE propondrá en su texto de reforma del Estatuto de Gernika el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, pero sin afectar a la caja única de la Seguridad Social. Tanto los funcionarios de la Seguridad Social que trabajan en el País Vasco como el propio servicio serían transferidos al Gobierno vasco, pero no se construiría un sistema ex novo para el País Vasco sino que la caja sería la común.

- Nuevas competencias. El texto de la reforma pretende ampliar el autogobierno vasco, pero sin alterar el bloque de constitucionalidad; esto es, el reparto entre las competencias exclusivas del Estado y las del País Vasco. Las competencias más importantes que se podrían ceder a Euskadi se centran en materia de justicia, infraestructuras e investigación.

En justicia, se trataría de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para delegar competencias en las salas de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y hacer de este tribunal la última instancia en Euskadi, excepto en la unificación de doctrina, que correspondería al Tribunal Supremo.

En materia de infraestructuras, el objetivo sería la cesión de los aeropuertos, para lo que podrá utilizarse una fórmula similar a la que el Gobierno del PP utilizó en 1997 para ceder la gestión de los puertos de interés general en su negociación con CiU y PNV; esto es, la delegación de competencias.

- Revisión de leyes orgánicas que han invadido el autogobierno.

La reforma del Estatuto no eludirá levantar las restricciones sobre el autogobierno vasco procedentes de algunas leyes del Estado. Guevara cree que este fenómeno ha sido más relevante en los últimos cuatro años en que el PP ha gobernado con mayoría absoluta y las áreas más afectadas han sido las de educación, empleo, infraestructuras y organismos autónomos.

La propuesta de reforma del Estatuto del PSE se completará con la consolidación del régimen del Concierto Económico, en cuya materia cerraron a fines de 2001 un acuerdo los Gobiernos central y vasco; la participación del Ejecutivo vasco en los organismos de la Unión Europea e internacionales, como la Unesco, en asuntos relacionados con la lengua; la reforma del Senado, y la participación del País Vasco en iniciativas del Estado desde la Conferencia de Presidentes y otros organismos estatales.