La justicia israelí insta a Sharon a aplicar la Convención de Ginebra
La norma internacional prohíbe los asentamientos en la zona ocupada
El fiscal general de Israel, Menajem Mazuz, ha recomendado a su Gobierno la aplicación de la IV Convención de Ginebra en Cisjordania y la franja de Gaza, en un informe preparado por un equipo legal del Ministerio de Justicia. El texto humanitario de 1949 establece el tratamiento que una fuerza ocupante debe dar a la población de un territorio ocupado y prohíbe instalar o transferir civiles a la zona ocupada en una guerra.
Israel se niega a aprobar formalmente la IV Convención, y se limita a promesas de su aplicación de facto, ya que aprobarlo significaría reconocer la ilegalidad de los asentamientos, como reclaman los palestinos y la comunidad internacional. Aunque para Israel el territorio conquistado en la guerra de los seis días de 1967 no es "territorio ocupado", ya que no existía en ellos una autoridad soberana reconocida: la franja de Gaza estaba bajo dominio egipcio y Cisjordania fue anexionada a Jordania en 1950, acción que sólo fue reconocida por Reino Unido y Pakistán.
La recomendación del fiscal general reconoce además el derecho de Israel a asumir la responsabilidad para garantizar la seguridad en esos territorios ocupados. El texto surge del informe que Mazuz y su equipo de juristas prepararon a petición del Ejecutivo israelí para conocer las implicaciones que tiene para Israel el fallo del Tribunal Internacional de La Haya del pasado 9 de julio, por el que declaró ilegal el muro que Israel levanta en Cisjordania. Entonces, los jueces de este Tribunal consideraron que la IV Convención es aplicable a los territorios y exigió a Israel que indemnizara a los palestinos.
Para ello, los jueces de La Haya se basaron en la jurisprudencia del Tribunal Supremo israelí. Una de las sentencias del alto tribunal exponía que "las acciones del Ejército en los territorios están sujetas a las regulaciones del Tribunal Internacional de la Haya y la IV Convención de Ginebra". Con ello reconocía la aplicación del texto humanitario en Cisjordania y por tanto, en los territorios palestinos y se alejaba de la política defendida hasta el momento por el Gobierno de Israel.
La Convención impone igualmente restricciones sobre los actos de los militares cometidos en los territorios bajo su control. De ahí que el Ejército israelí cancelara una orden emitida después de la guerra de 1967 por el comandante militar responsable en aquel momento. "El tribunal militar observará las disposiciones de la Convención de Ginebra (...) de acuerdo a los procedimientos legales".
Desde la derecha israelí se criticó el informe de Mazuz por considerar que los magistrados están entrometiéndose en asuntos políticos fuera de su jurisdicción.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, instó ayer a Israel a que cese la ampliación de los asentamientos en Cisjordania por contradecir sus obligaciones establecidas en la Hoja de Ruta. En la franja de Gaza, dos palestinos murieron por los disparos israelíes.
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