Un tribunal fija una fianza de 108 millones a Boliden si quiere evitar la multa de la Junta

El largo y complejo proceso judicial para aclarar quién debe pagar la multimillonaria factura por las tareas de limpieza del vertido tóxico en el valle del Guadiamar (Sevilla) está, seis años después del desastre medioambiental, más cerca de su resolución. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un auto del pasado 1 de julio, obliga a Boliden, la multinacional propietaria de la balsa minera que reventó, a depositar una fianza de 108 millones de euros para suspender de forma cautelar una reclamación administrativa de la Junta de Andalucía.

La Junta optó este año por abrir la vía administrativa contra la multinacional una vez que los juzgados desestimaron actuar por la vía penal (noviembre de 2001) y por la vía civil (octubre de 2003). El Ejecutivo andaluz y el Ministerio de Medio Ambiente invirtieron unos 240 millones de euros en la retirada de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y agua ácida del valle del Guadiamar (unas 4.600 hectáreas en el entorno del Parque Nacional de Doñana), así como en la descontaminación del suelo y la restauración de la zona afectada.

A finales de 2002, para recuperar parte del dinero gastado, el Gobierno sancionó a Boliden con 45 millones de euros, la mayor multa por daños ambientales de la historia española. La multa fue recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo. Tras cerrarse las vías penal y civil, la Junta optó también por una reclamación administrativa y en marzo culminó el proceso. El Ejecutivo autonómico estima que asumió con carácter subsidiario unas tareas que correspondían a la multinacional y reclamó a la matriz (Boliden BV) 89,8 millones por la limpieza del vertido.

Recurso admitido

Boliden recurrió de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al estimar que "ya había sido objeto de un proceso político-administrativo en España" por el desastre ecológico, en referencia a la multa del Gobierno. En el auto, adelantado ayer por la agencia Europa Press, el Tribunal andaluz acuerda admitir el recurso de Boliden y suspender de forma cautelar la reclamación administrativa de la Junta "siempre y cuando la entidad recurrente [Boliden] preste caución que comprenda el importe de 89,8 millones de euros más un 20% sobre esa cantidad para gastos y costas". Es decir, obliga a la multinacional a depositar una fianza de 108 millones de euros para suspender la reclamación de la Junta.

En el auto, el tribunal defiende que si no se suspende la reclamación de la Junta mientras se decide sobre el recurso de la multinacional "ocasionaría graves perjuicios a la actora [Boliden]". Pero también estima que "los perjuicios de la suspensión para el interés general quedan salvaguardados si se exige la presentación de una caución que garantice el cobro de las cantidades reclamadas". Para evitar la fianza, a Boliden sólo le queda interponer un recurso de súplica ante el mismo tribunal.