La verdad de las cuentas públicas

La presentación de unas cuentas públicas matizadas, que incluyen un déficit añadido de casi un 0,8% del PIB para este año, y un riesgo de déficit para el futuro (si cambian algunas circunstancias) de un 2,6% más, abre un nivel de autoexigencia para el Gobierno socialista que habrá de ser tenido en cuenta al final de su legislatura. La diferencia entre esta ocasión y las anteriores (cuando el PSOE sustituyó a UCD en 1982, o cuando el PP relevó al PSOE en 1996) es muy notable: no se han buscado "auditorías de infarto" en las covachuelas del Estado, ni se ha encontrado una inexistente "amnistía fiscal para los amiguetes" por valor de más de 200.000 millones de las antiguas pesetas.

La primera lectura del informe hecho público por Pedro Solbes sobre las cuentas del Estado tiene que ver con lo que le compromete: la inclusión de la transparencia (una de las grandes promesas de los socialistas en la campaña electoral) en los Presupuestos Generales del Estado y la obligación de añadir a los mismos, a partir de los que tendrá que presentar el PSOE el próximo otoño, un anexo con los compromisos de gasto adquirido con cargo a ejercicios futuros, así como los avales conseguidos: la deuda que se traslada a generaciones futuras. Hace pocos días, el vicepresidente confirmó en su cargo a Carmen Alcaide, excelente funcionaria, como directora del Instituto Nacional de Estadística (INE), con lo que señalaba con el dedo del apagón estadístico, tantas veces denunciado en las legislaturas pasadas, a los responsables políticos del PP. Eliminar de una vez ese apagón estadístico exigía también poner a cero -y de forma pública- el contador de lo que realmente deben los ciudadanos, más allá de contabilidades creativas irregulares o aceptadas.

Solbes presentó compromisos de gasto hasta ahora desconocidos y riesgos de déficit en el futuro. El déficit adicional para el año en curso asciende a 6.140 millones de euros, un 0,78% del PIB español; ello añade ajustes no incluidos; la deuda histórica con Andalucía, recientemente pagada; el déficit de RTVE, que ha obligado Bruselas a introducir en el presupuesto, y un aval del Estado a un crédito a Argentina. En cuanto a los riesgos de déficit en el futuro, Solbes advirtió de lo que puede llegar a ser déficit, pero todavía no lo es. Es decir, una hipótesis que presentó como tal: gastos que ya se han realizado, pero que por los criterios contables al uso no tienen por qué reconocerse todavía como déficit público. Un cambio en esas condiciones puede obligar a que se consideren déficit. En estos momentos, por ejemplo, hay una discusión entre las dos partes -Bruselas y el Gobierno español- sobre las aportaciones que el Estado ha realizado al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que superan los 6.000 millones de euros, y en septiembre se abrirán otras disputas. Entre las operaciones realizadas que entrañan riesgo de déficit está la deuda de Renfe, el citado GIF, la deuda histórica, las dotaciones a algunas sociedades estatales, la deuda de Aeropuertos Nacionales (otros 6.000 millones de euros) y otras posibilidades difíciles de cuantificar, como el peligro de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos registren déficit en las sociedades instrumentales que crean.

Solbes ha hecho un esfuerzo por poner claras las cuentas públicas. Si no se está de acuerdo con su actualización, debe discutirse su contenido. La reacción de los responsables del PP no ha sido ésa. También en este terreno el PP muestra una mandíbula de cristal que no se compadece con el puño de hierro que ha utilizado habitualmente. El ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro -tan faltón como siempre-, y el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Arias Cañete, entienden que el principal riesgo para las cuentas del Estado no es la deuda de Renfe, AENA, etcétera, sino el propio Gobierno socialista; un Gobierno que no tiene la voluntad de controlar el gasto público y que está paralizado por los compromisos adquiridos que no hace públicos, principalmente porque necesita apuntalar su minoría parlamentaria; un Gobierno que "ha dinamitado la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poner dar rienda suelta a sus técnicas de despilfarro".

Contestan así a las cifras con ideología tremendista. Mala práctica, propia del pasado.