Las FARC asesinan al hermano de una ministra de Colombia

Hace tres años, Bernardo Vélez, hermano de la ministra de Educación de Colombia, Cecilia María Vélez, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. Dos veces pagó su familia lo que pedían por su libertad. El miércoles por la tarde los médicos forenses confirmaron que el cadáver encontrado con un tiro en la cabeza en una carretera del departamento de Antioquia era el de este ganadero de 42 años.

Es la tercera vez que la ministra vive este drama. En l991, su madre, Gabriela White, fue secuestrada y asesinada por las FARC. Seis años después, Félix, otro hermano de 45 años, fue acribillado por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar.

La historia de secuestros pagados sin libertad del rehén se ha vuelto común en este país campeón de este delito en el mundo. Las familias hacen lo indecible para reunir el dinero que exigen los secuestradores, se endeudan, pagan y al final sólo reciben el cadáver. El cinismo de los que creen que la vida humana se transa como una mercancía ha llegado al punto de exigir más dinero por el cuerpo sin vida.

En medio de esta noticia trágica se conocieron nuevos avances en los acercamientos del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, el segundo grupo guerrillero del país), que aceptó, hace poco, la mediación del Gobierno mexicano para intentar llegar a la mesa de diálogo.

"Creemos percibir un cierto paralelismo entre las propuestas del ELN y las planteadas por el Gobierno para un proceso de paz", dice el alto comisionado para la paz, el psiquiatra Luis Carlos Restrepo, en carta dirigida al mediador mexicano, Andrés Valencia.

Hace poco este diplomático se reunió con el comandante eleno Francisco Galán, quien paga condena en una cárcel de Antioquia. En el encuentro se conoció la propuesta de la organización guerrillera; tres puntos previos para "establecer la confianza" entre las partes: cese bilateral y temporal al fuego, acuerdo humanitario y una convención nacional para debatir los grandes problemas del país.

La carta del alto comisionado es una respuesta a esta propuesta. "Si los miembros del ELN silencian sus armas, comprometiéndose a no adelantar acciones contra el Estado y la población civil, en reciprocidad el Gobierno suspenderá sus acciones ofensivas contra ellos y avanzará en un proceso serio de diálogo con una real voluntad de paz", dice al dejar en manos del ELN el primer paso.

Si esta organización guerrillera, que tiene entre 3.000 y 5.000 hombres, deja de secuestrar, extorsionar y no vuelve a atacar poblaciones, se "abre la posibilidad de una convención nacional como escenario de amplia interlocución política con el conjunto de la sociedad", dice el Gobierno en su carta. Los obispos del país, reunidos en Bogotá en su conferencia anual, calificaron este cruce de mensajes como "esperanzador".