Sexo sin educación
La educación sexual, el acceso normalizado y no semiclandestino a los métodos anticonceptivos y, en general, las políticas de prevención frente al embarazo no deseado constituyen el mejor antídoto frente a una práctica del aborto que suponga forzar un acto siempre traumático para la mujer y que debe ser decidido con libertad y responsabilidad. El último estudio sobre el aborto en España, hecho público por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sigue detectando un aumento de embarazos entre las adolescentes menores de 18 años y del recurso al aborto como solución extrema no deseada. Si en 1990 sólo el 21% de las menores de 18 años interrumpieron su embarazo, en 2001 lo hicieron la mitad. Y parecida evolución se observa entre las jóvenes de 20 a 24 años.
Si algo demuestran estas cifras son las enormes carencias que lastran la eduación sexual en España, donde los poderes públicos siguen sin afrontarla con decisión en la escuela y tampoco se preocupan, salvo esporádicamente, de ofrecer una información permanente y actualizada a los jóvenes sobre los métodos de prevención del embarazo y de ponerlos a su alcance. Quizás porque temen soliviantar-o comparten en buena medida sus puntos de vista, como ha sucedido con el anterior Gobierno- a aquellos sectores religiosos y sociales que consideran la educación sexual y las campañas de información sobre anticonceptivos como un estímulo al sexo y que son al mismo tiempo los más beligerantes contra el aborto. Hay que recordar la que armaron hace tan sólo una docena de años a causa de la campaña oficial Póntelo, pónselo, de prevención frente a los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, denunciándola ante los tribunales por atentado contra la moral, la intimidad y la libertad religiosa.
La educación sexual desde edades tempranas y una oferta diversa y accesible de anticonceptivos a los jóvenes constituyen, sin embargo, las mejores fórmulas conocidas para atajar el incremento de embarazos no deseados y de abortos entre adolescentes. Los poderes públicos deben actuar en consecuencia.
