Noonday en la sombra

En abril de 2003, el Departamento de Justicia de John Ashcroft desbarató lo que parece haber sido una terrible conspiración terrorista. En la pequeña población de Noonday (Tejas), agentes del FBI descubrieron un escondrijo de armas que contenía metralletas completamente automáticas, dispositivos explosivos por control remoto disfrazados de maletines, 60 bombas de fabricación casera y un arma química -una bomba de cianuro- suficientemente potente como para matar a todo el que se encontrase en un edificio de 30.000 metros cuadrados. Sin embargo, por extraño que parezca, el fiscal general no convocó una conferencia de prensa para anunciar el descubrimiento del arsenal, ni la detención de su propietario, William Krar. Ni siquiera emitió un comunicado de prensa. Esto estuvo, como mínimo, fuera de lugar.

"Después del 11-S, los fanáticos homicidas de derechas continúan ahí"

José Padilla, el "sucio terrorista" acusado, no tenía material para fabricar bombas, ni siquiera una forma verosímil de adquirir ese material, pero Ashcroft lo puso en las primeras páginas de todo el mundo. A Krar le pillaron con una verdadera bomba química, pero Ashcroft actuó como si nada hubiera ocurrido. Por cierto, si la intención de Ashcroft era dar poca publicidad al caso, los medios de comunicación han sido de gran ayuda. Hasta hoy, la conspiración de Noonday ha recibido poca cobertura nacional.

Llegados a este punto, tengo el problema habitual. Escribir sobre John Ashcroft plantea las mismas dificultades que escribir sobre el Gobierno de Bush en general, pero ampliadas: la verdad sobre su acto impropio es tan extrema, que resulta difícil evitar parecer agudo. En este caso, parece excesivo acusar a Ashcroft de intentar enterrar las noticias sobre terroristas que no encajan en su argumento preferido. Pero es difícil creer que William Krar no se hubiera convertido en un nombre conocido por todos si hubiera sido musulmán, o incluso izquierdista.

¿Ha sido Ashcroft, que en una ocasión concedió una entrevista a la revista Southern Partisan en la que elogiaba a los "patriotas sureños" como Jefferson Davis, reacio a publicar el caso de un terrorista que resultaba ser partidario de la supremacía blanca? Y lo que es más importante, ¿está Ashcroft pasando por alto verdaderas amenazas contra la población debido a sus perjuicios ideológicos?

La detención de Krar no se debió a una iniciativa policial concreta contra los terroristas internos, sino a un hecho fortuito: cuando envió un paquete con credenciales falsas de Naciones Unidas y del Organismo de Inteligencia de Defensa a un cómplice de New Jersey, lo entregaron en una dirección equivocada. Por suerte, el receptor abrió el paquete y se puso en contacto con el FBI. De no haber sido por ese error, bien podríamos habernos encontrado con otra atrocidad similar a la de Oklahoma.

El descubrimiento de la bomba de cianuro de Tejas debería habernos despertado: el 11-S ha centrado nuestra atención en la amenaza de los radicales islámicos, pero los fanáticos homicidas de derechas continúan ahí. Sin embargo, las preocupaciones del Departamento de Justicia parecen ser otras. Hace dos semanas, un representante del FBI pidió ayuda a un grupo industrial para combatir la que, según explicó a los presentes, el FBI considera la principal amenaza terrorista: los extremistas ecologistas y a favor de los derechos de los animales.

Incluso en la lucha contra los terroristas extranjeros, las inclinaciones de Ashcroft han distorsionado la política. Ashcroft tiene estrechos vínculos con grupos de presión armamentísticos, y estos vínculos evidentemente imperan sobre la protección pública. Después del 11-S ordenó que se comprobaran todas las listas de la administración pública -incluido el padrón del censo y las listas de inmigración y de permisos de conducir- para buscar conexiones con los terroristas. Es decir, todas las listas públicas menos una: prohibió específicamente al FBI examinar las comprobaciones de antecedentes de los compradores de armas. Ashcroft informó al Congreso de que la ley prohíbe el uso de esas comprobaciones de antecedentes para otros propósitos, pero no le dijo que su propio personal había concluido que dicha prohibición no existe.

Ashcroft emitió una directiva, después convertida en ley, exigiendo que los registros sobre las comprobaciones de antecedentes de los compradores de armas se destruyeran después de transcurrido sólo un día hábil. Y no hay por qué suponer que a Ashcroft le preocupara profundamente la protección de la intimidad del público. Al fin y al cabo, hace unos meses tomó la inaudita medida de reclamar los historiales hospitalarios de mujeres que han abortado en una fase adelantada del embarazo.

Tras mi anterior artículo sobre Ashcroft, algunos lectores preguntaron si realmente es el peor fiscal general que hayamos tenido nunca. Es cierto que mantiene una dura competencia con algunos como John Mitchell, en activo durante el mandato de Richard Nixon. Pero cuando se revele la lista completa de las tropelías cometidas en el cargo, pienso que Ashcroft sacará a los demás una gran ventaja.

Traducción de News Clips.