Un arreglo

Una conversación telefónica entre Rodríguez Zapatero y el lehendakari Ibarretxe, motivada por una urgencia parlamentaria del Gobierno (la necesidad de asegurarse el martes en el Senado la mayoría suficiente para sacar adelante la propuesta de estabilidad presupuestaria para el trienio 2005-2007), ha propiciado que los Ejecutivos central y vasco acerquen posturas sobre cuestiones empantanadas desde hace más de dos años.

A cambio del apoyo decisivo de los siete senadores del PNV, el Gobierno socialista se ha comprometido a propiciar un acuerdo en tres asuntos principales: la ampliación de la Ertzaintza en 200-300 agentes para compensar a los que tiene que dedicar a escoltar a los amenazados por ETA; el pago de los casi sesenta millones que las administraciones vascas han gastado en la limpieza del vertido del Prestige, y la reclamación de un ajuste financiero en el Cupo (la cantidad que aporta el País Vasco al sostenimiento de las cargas generales del Estado y por las competencias no asumidas) por una supuesta financiación adicional de la sanidad en otras comunidades. La decisión del Ejecutivo vasco de restar unilateralmente 32,5 millones de euros del Cupo por este concepto ha dado lugar en el último año a una escalada de descuentos recíprocos.

Es notorio que no han sido estas tres cuestiones, sino el salto soberanista dado por el lehendakari y su partido, lo que motivó el choque de Ibarretxe con el Gobierno de Aznar y dificulta hoy el acuerdo con el de Zapatero. Pero ese grave obstáculo de fondo no obsta para que sigan abiertos los cauces de relación institucional y se atiendan las reclamaciones razonables. El nacionalismo vasco se ha quejado tradicionalmente de que la satisfacción de demandas que entendía como derechos o aplicación automática del Estatuto se obtuvieran a cambio de apoyos parlamentarios en Madrid. Sin embargo, casi siempre se ha tratado de asuntos controvertidos.

Pero es cierto que el acuerdo ha sido más fácil cuando el Gobierno central no ha tenido mayoría absoluta. El sentido pragmático del PNV se ha impuestro de nuevo y la aspiración a un nuevo estatus en el que Euskadi deje de ser "una parte subordinada del Estado español" (sic) no le impide aprovechar su posición para lograr avances más modestos, pero más concretos, en el autogobierno. La consecución de un arreglo razonable en estas materias en la Comisión Mixta del Concierto puede ser un buen argumento para cuando Zapatero tenga que decirle personalmente a Ibarretxe que su plan soberanista no es aceptable.