El Gobierno obligará a las televisiones a cumplir con la financiación del cine

El Gobierno estudiará en el próximo Consejo de Ministros medidas para resolver definitivamente el cumplimiento de la ley que desarrolla una directiva europea que impone a las televisiones la obligación de invertir cada año un 5% de sus ingresos en la financiación anticipada de películas para cine y televisión. Estas medidas están contempladas en un real decreto elaborado por los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Cultura, que desarrolla el reglamento de la ley 22/1999. El sector audiovisual ha manifestado reiteradamente sus quejas por el incumplimiento por parte de algunos de los operadores de televisión de invertir en productos cinematográficos españoles y europeos.

Este real decreto, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado, supone el marco legislativo que desarrolla la obligatoriedad que tienen los operadores de televisión de invertir anualmente el 5% de sus ingresos de explotación del año anterior en la financiación de películas cinematográficas y para televisión europeas. Esta normativa responde a una directiva comunitaria de apoyo a su industria cinematográfica, cuya aplicación no ha sido del todo efectiva, según se apunta en el texto elaborado por el Gobierno. Su objetivo es fomentar el cine europeo en general, y el español en particular.

Para determinar el porcentaje de inversión, el reglamento que estudiará el Gobierno establece que los operadores privados deberán acreditar sus ingresos, debidamente auditados, ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el caso de las televisiones públicas, los ingresos serán certificados por el director general de cada uno de los entes.

Ingresos computables

El reglamento, en su artículo 4, especifica que a efectos de determinar el volumen de la inversión se tendrán en cuenta los ingresos derivados de la publicidad, las cuotas de abono y, en su caso, las subvenciones. Quedan excluidos otros tipos de ingresos.

Para la industria cinematográfica, las televisiones son su principal soporte financiero, y por ello el cumplimiento de estas inversiones ha sido una reivindicación constante por parte de los productores audiovisuales. El real decreto, que estudiará el Consejo de Ministros del viernes próximo, computa como obras audiovisuales los largometrajes y cortometrajes cinematográficos; las películas para televisión -"obras unitarias de duración superior a sesenta minutos con desenlace final"- que no sean destinadas a su explotación comercial en salas de cine. El reglamento añade que las series de televisión, cualquiera que sea el número de sus episodios, quedan excluidas. Los operadores de televisión habían solicitado que en el 5% de inversión obligatoria figuraran también las series de televisión, que se han convertido en una gran salida profesional para el sector y que gozan de un gran apoyo por parte de los espectadores. Sin embargo, los documentales de larga duración y las películas de animación sí podrán computarse como parte de la mencionada inversión. Las televisiones deberán remitir cada año, antes del 1 de abril, un informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio indicando la forma en que se ha cumplido con la obligatoriedad de la inversión.

Con el fin de controlar el cumplimiento de la financiación prevista en el real decreto, se creará una Comisión Interministerial de Seguimiento adscrita al Ministerio de Industria.

Entre las funciones de esta comisión estarán conocer los informes presentados por los operadores, recabando la información adicional que fuera necesaria; verificar los datos aportados por dichas televisiones, y proponer, en el caso de incumplimiento, la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores. Asimismo, elaborará un informe sobre el impacto que las nuevas medidas tienen en el sector de la industria cinematográfica, informe que será hecho público. La Comisión Interministerial de Seguimiento estará compuesta por un presidente, un vicepresidente y dos vocales designados por el Ministerio de Industria, y otros dos vocales correspondientes al Ministerio de Cultura.

El Gobierno argumenta que este real decreto es el resultado de un largo proceso de negociaciones hasta alcanzar un consenso de todos los sectores implicados en la producción y emisión de las obras audiovisuales.