Medio Ambiente expedienta al Ayuntamiento de Balmaseda por un vertido de cloro que ha matado a miles de peces

El Departamento de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Balmaseda, gobernado por el PNV, por un vertido que causó el jueves la muerte a miles de peces. El suceso fue originado, según la investigación realizada, por la entrada en el cauce del río Cadagua del cloro de las piscinas municipales. Al parecer, se rompió una conducción donde estaba el cloro y se vertió al río vizcaíno, que es además uno de los más contaminados de Euskadi.

El vertido -200 litros de cloro líquido- acabó con la totalidad de la fauna piscícola en un tramo de 500 metros. Fuentes municipales señalaron que también resultaron afectadas aves que solían acudir al río.

Medio Ambiente aseguró ayer que la fuga del cloro quedó controlada la misma noche del jueves, pero los daños ecológicos fueron calificados de "importantes". "Al ser bajo el caudal, se ha causado la mortandad de todos los peces", aseguraron fuentes del departamento.

Técnicos del Gobierno y de la Diputación evaluaron ayer los daños producidos, que deberán ser costeados por el Ayuntamiento como responsable de la piscina donde se produjo el incidente.

La ley vasca de Medio Ambiente establece, en el caso de vertidos a los ríos, una horquilla de multas que pueden alcanzar los 600.000 euros si se tipifica como falta muy grave. Las leves no superan los 6.010 euros; las menos graves, entre 6.010 y 30.000 euros, y las graves, entre 30.000 y 300.506 euros. La calificación de las infracciones depende de los daños y no suelen considerarse graves si no existe reincidencia, por lo que en este caso lo lógico es que sea leve o menos grave.

Además de esta multa, la normativa establece el pago de una cantidad equivalente al daño ecológico producido, lo que significa asumir el coste de la repoblación de peces en el Cadagua. Los últimos datos oficiales del Gobierno señalan que en 2002 se impusieron un total de 38 multas por vertidos ilegales, en todos los casos a empresas, que suelen ser los responsables habituales de estas agresiones ecológicas. Cuatro años antes, en 1998, sólo se incoaron 12 multas.