El Gobierno defiende ante los jueces la "discriminación positiva" de la mujer

El Gobierno cierra filas en defensa de su anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el anteproyecto de ley mantendrá "la filosofía de discriminación positiva". Ésta fue, en cambio, la principal crítica de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, partidaria de que la ley ampare también a las víctimas masculinas. La comisión, con mayoría conservadora, rechazó el informe de la ponente en favor de la ley y pidió más tiempo para hacer otro. El Gobierno rechaza ampliar el plazo y está dispuesto a enviar la ley al Parlamento este mes sin el informe.

El Gobierno socialista decidió ayer plantar cara al posible "rechazo" de su primer anteproyecto, el de la ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres, procedente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, conversó con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que ha hecho las principales aportaciones al anteproyecto. Todos decidieron adoptar una actitud de firmeza en defensa del anteproyecto y Zapatero encargó a Fernández de la Vega que compareciera en el Congreso para formalizar una declaración antes de la celebración del pleno.

Fernández de la Vega aseguró que, pese a las observaciones del CGPJ, el anteproyecto de ley mantendrá "la filosofía de discriminación positiva" porque "trata de solventar un problema gravísimo que afecta a las mujeres, que es el de la violencia por el hecho de ser mujeres y que termina en demasiadas ocasiones en que son asesinadas".

La vicepresidenta primera afirmó tajantemente que las consideraciones del órgano de gobierno de los jueces no retrasarán los planes de aplicación de la norma previstos por el Ejecutivo cuya materialización calcula para antes de acabar el verano. Y recordó que los informes de este órgano son preceptivos, pero no vinculantes. No obstante, admitió que el Gobierno respetará "por supuesto" lo que diga el CGPJ cuando emita su informe y que incorporará las "recomendaciones técnicas" que "sean razonables" y "mejoren el texto".

Tres votos contra dos

Fernández de la Vega hizo esas afirmaciones tras conocer el resultado del primer debate sobre el anteproyecto de ley en el seno del Poder Judicial. En una reunión mantenida por la mañana, la Comisión de Estudios e Informes había rechazado el informe en favor de la ley que había presentado como ponente la vocal Montserrat Comas. Los tres vocales nombrados por el PP, Adolfo Prego, José Luis Requero y Javier Laorde votaron en contra, tal como era previsible (ver EL PAÍS de ayer). A favor lo hicieron Comas y Luis Aguiar, nombrados por el PSOE. La comisión decidió además pedir al pleno extraordinario del CGPJ, que se reunirá el jueves, que solicite al Gobierno 15 días más de plazo para emitir un nuevo informe (el Ejecutivo sólo concedió 15 días, ya que se trata de trámite de urgencia). También nombró a José Luis Requero ponente de ese segundo informe.

"El motivo fundamental de discrepancia es que el anteproyecto de ley se ciña sólo a la mujer. Es mucho mejor para la eficacia de la lucha del Estado contra la violencia doméstica que se incluya a todas las víctimas, aunque la mayoría son mujeres. Además puede producir efectos discriminadores", explicó Requero. El sector conservador también se opone a la creación de juzgados de violencia contra las mujeres y al establecimiento de tipos penales más graves para los hombres, como en el caso de la amenaza leve.

También mereció la crítica el artículo 1, según el cual son objeto de la ley las mujeres que padecen la violencia utilizada como instrumento para mantener la discriminación o la desigualdad. Este aspecto, criticado por Comas, también mereció el varapalo de los vocales conservadores, dada la dificultad para probar esa intencionalidad. "La ley es como un castillo de naipes y el artículo 1 es la piedra clave. Sin él se viene todo abajo", según Requero.

El mismo plazo

La petición de mayor plazo para emitir un nuevo informe llegará el jueves al pleno extraordinario del CGPJ, competente para formular esa petición al Gobierno y para aprobar el informe definitivo. En caso de que se formulara esa solicitud, las fuentes gubernamentales descartan que se vaya a conceder más tiempo. "El Gobierno no va a a retrasar la aprobación del proyecto de ley [prevista para el próximo día 25] y el Poder Judicial tiene tiempo para cumplir con su obligación de emitir un informe, a favor o en contra, antes de que acabe el plazo, el día 22", explicaron en el Ministerio de Justicia. Si el Poder Judicial no emite su informe en el plazo inicial, el Ejecutivo está dispuesto a aprobar el proyecto de ley y enviarlo al Parlamento sin ese dictamen, que llegaría al Congreso después de la norma.

A juicio de Requero, sería "un error" que el Ejecutivo no ampliara el plazo para el dictamen. "No tenemos el ánimo de entorpecer, sino de hacer las cosas bien. Un informe de esa envergadura no se hace en 48 horas", dijo. Puntualizó que la postura de los vocales conservadores "no se debe interpretar como una oposición política a la iniciativa del Gobierno".

Por otro lado, el Consejo Fiscal anunció ayer que informará favorablemente sobre la ley, de la que ha estudiado los aspectos de la ley que le competen.