La Generalitat advierte de que mantener la sanidad pública exigirá "sacrificios individuales"
Maragall dice que el recargo sobre la gasolina será "transitorio" y prevé descuentos para varios colectivos
Sanidad pública, de calidad y gratuita para todos, pero la época de vacas gordas ha acabado y esto repercutirá necesariamente en los ciudadanos. Éste fue el mensaje que ayer dieron el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y la consejera de Salud, Marina Geli, en el Parlament al ser interpelados sobre el futuro que le espera al endeudado sistema sanitario catalán.pelados sobre el futuro que le espera al endeudado sistema sanitario catalán. Maragall defendió el recargo de 2,4 céntimos de euro por litro de carburante, pero abrió la puerta a reducciones para transportistas y profesionales en función del precio del petróleo. Marina Geli, por su parte, anunció que éste será sólo uno de los "sacrificios individuales" que deberán hacer los ciudadanos para preservar la sanidad pública.
Pasqual Maragall se mostró ayer dispuesto a pagar el precio político que se derive de aplicar la recarga de 2,4 céntimos por litro de carburante pese a que esta impopular medida sólo permitirá recaudar 65 millones de euros este año. El déficit acumulado de la sanidad pública supera ya los 2.900 millones de euros. Según Maragall, la aplicación de este nuevo gravamen era "la única opción que tenía el Gobierno este año para no seguir acumulando déficit de manera irresponsable".
El presidente de la Generalitat afirmó, sin embargo, que la de las gasolinas será una recarga "transitoria, hasta lograr un buen sistema de financiación", y avanzó que en las próximas semanas se anunciarán modificaciones "según la variación del precio del petróleo". Fuentes del Gobierno aseguraron que están trabajando para aplicar descuentos a los profesionales y transportistas cuya labor profesional depende, precisamente, del precio de los carburantes.
En este sentido uno de los referentes es Galicia, donde los transportistas sólo pagan un suplemento de 1,2 céntimos de euro por litro y no se grava el gasóleo de usos especiales y de calefacción, que en Cataluña se prevé gravar con 0,6 céntimos.
El Gremio de Transportes deMercancías Cecot, sin embargo, ya avanzó ayer que rechaza cualquier encarecimiento de los gasóleos y calificó de "huida hacia adelante" las compensaciones para los transportistas anunciadas por Maragall. También Esquerra Republicana, miembro del Gobierno catalán, cuestionó ayer la "oportunidad" de instaurar el recargo sobre los gasóleos en un momento en que determinados carburantes han superado ya el euro por litro.
Pero el Gobierno está empeñado en transmitir el mensaje de que el impuesto sobre los carburantes no es más que una medida de las muchas que vendrán en los próximos meses. Durante su intervención, Maragall se refirió a la posibilidad de que los fármacos que cubre la Seguridad Social dejen de ser gratuitos para pasar a un sistema de copago. Dejó claro que el Gobierno no prevé ahora esta posibilidad y que sólo se aplicará si existe "un amplio consenso" entre los políticos y técnicos que formarán la comisión de expertos cuya creación se anunció esta semana.
Geli advirtió ante el pleno del Parlament de que vienen tiempos de "sacrificios individuales" para todos los ciudadanos. Además de la recarga sobre el precio de los carburantes, el Gobierno catalán presionará al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que permita a las autonomías establecer recargos sobre el tabaco y el alcohol para pagar la factura sanitaria. Geli, sin embargo, no es partidaria del sistema de copago de los fármacos ni de medidas como el cobro de un euro por visita como se plantea en Francia. En opinión de la consejera, estas medidas podrían hacer que "las personas más necesitadas acabaran por no ir al médico".
Geli considera que el primer y principal esfuerzo deben hacerlo las administraciones. En este sentido destacó que una de sus prioridades es negociar con el Ministerio de Trabajo un sistema para que los edificios que la Seguridad Social tiene en Cataluña pasen a manos de la Generalitat, lo que permitiría utilizarlos como aval en futuras inversiones.
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