Narbona anuncia que los montes incendiados no se podrán recalificar en 30 años

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer en el Congreso una próxima reforma de la Ley de Montes, de tal forma que "la legislación estatal prohíba en al menos 30 años la recalificación de terrenos objeto de incendio, evitando así, desde la raíz, cualquier motivación ligada a la especulación inmobiliaria", dijo la ministra.

El PSOE ya trató de introducir una enmienda en este sentido a la Ley de Montes cuando la norma se aprobó, en septiembre de 2003, con los votos de PP y PNV. La portavoz del PP, María Teresa de Lara, afirmó ayer que su grupo es partidario de que el suelo quemado no se recalifique "ni en 30 años, ni en 50 ni nunca", pero pidió a la ministra que "no reordene lo que no es de su competencia", al tiempo que le recordaba que en materia de Medio Ambiente la mayoría de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

Narbona efectuó estas declaraciones en la primera sesión, en la presente legislatura, de la comisión de Medio Ambiente. En ella presentó ante los portavoces de los grupos parlamentarios las principales medidas de su mandato, entre otras la inmediata derogación de los artículos del Plan Hidrológico Nacional (PHN) relativos al trasvase del Ebro, la reforma de las confederaciones hidrográficas y el desarrollo de un Plan Nacional de Asignaciones de derechos de emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, con el fin de cumplir con los requisitos del Protocolo de Kioto.

Daños ambientales

La ministra adelantó asimismo la elaboración de una Ley de Responsabilidad de daños ambientales, con el establecimiento de un fondo de "garantía financiera" para lograr -dijo- "un avance sustancial en el comportamiento de aquellas empresas que siguen considerando más barato contaminar que hacer frente a las más que improbables y reducidas sanciones de carácter administrativo, o a la insuficiente aplicación del Código Penal en materia de delito ecológico".

Salvo el PP, los portavoces del resto de los grupos parlamentarios se mostraron satisfechos por la retirada del trasvase y las líneas de actuación presentadas por la ministra.

Por parte del grupo popular, María Teresa de Lara aseguró que el 40% del PHN "ya está en marcha", y acusó a la ministra de haber mentido por haber afirmado que la Comisión Europea rechaza el trasvase. "Se trata de la filtración de unas notas, no de un informe de la Comisión", dijo De Lara. Respecto a las emisiones contaminantes la portavoz popular aseveró que Kioto "no puede convertir a España en un cementerio de empresas".

CiU reclamó un plan de lucha contra hidrocarburos en el Mediterráneo; Izquierda Verde pidió el cierre las centrales nucleares para 2025; y Chunta Aragonesista abogó por una política energética para los ciudadanos y no para las empresas.