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Expertos en bioética piden al Gobierno que inicie la legalización de la eutanasia

Dicen que la sociedad ya reclama mayoritariamente el derecho "a la calidad de la muerte"

El debate sobre la legalización de la eutanasia está maduro, el Gobierno debe proceder ya a iniciar los trámites para su legalización. Es la tesis del documento presentado ayer en Madrid por el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho, creado en Barcelona en diciembre pasado con la participación de una treintena de filósofos, constitucionalistas, antropólogos, penalistas, médicos y expertos en bioética. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) concluye que seis de cada diez médicos apoyan la reivindicación de este grupo de expertos.

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"Se estudiará el derecho a la eutanasia y a una muerte digna", decía el programa con que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones. También prometía crear una comisión parlamentaria para debatir la cuestión, pero sin fechas sobre decisiones posteriores. Lo que reclaman ahora al Ejecutivo socialista los expertos del Observatorio de Bioética y Derecho es que se legisle cuanto antes sobre la materia.

"¿Quién no desea una muerte digna?", se preguntó ayer Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud en la Universidad Complutense, durante la presentación del documento por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que en Madrid coordina Sofía González Escobar. "La salud es un bienestar social, donde debe integrarse la cantidad de vida, pero también la calidad de vida y, cómo no, la calidad de muerte. Si el siglo pasado pasará a la historia como el de la cantidad de vida y en este comienzo del siglo XXI se habla de la calidad de vida, debemos colaborar para que también se debata abiertamente con la sociedad sobre la calidad de muerte", añadió.

El filósofo Javier Sádaba subrayó el carácter de derecho fundamental de la persona que tiene la eutanasia. "No hay derecho al sufrimiento inútil. Es inaceptable, me parece inmoral cualquier concepción que minimice este concepto. La vida es una especie de novela en capítulos. Que nos dejen escribir el último capítulo", dijo después de exponer los fundamentos éticos, históricos y jurídicos del derecho a una buena muerte.

El Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho expresa en su informe, titulado Documento sobre la disposición de la propia vida en determinados supuestos: declaración sobre la eutanasia, el convencimiento de que el progresivo reconocimiento de la autonomía de las personas -y, por tanto, también de los pacientes- debe culminar con la aceptación de determinados supuestos de disposición de la propia vida. "Para regularlos es necesaria una legislación específica", concluye.

También hace mención a las encuestas sobre la aceptación de la eutanasia entre los ciudadanos y los profesionales sanitarios. "En todas ellas la aceptación de la regulación de la eutanasia es absolutamente mayoritaria en una tendencia ascendente que se mantiene desde hace décadas", dice. Afirman, además, que el debate sobre la legitimidad de la eutanasia debe ser abordado desde un doble punto de vista: como una cuestión de respeto a la autonomía de las personas y, a la vez, de solidaridad con quien sufre.

Tan sólo dos países han regulado de manera específica la eutanasia: Holanda (año 2001) y Bélgica (2002). En España es legal limitar, suspender o no instaurar tratamientos en determinadas circunstancias, aunque ello conlleve la muerte del paciente: es lo que se denomina limitación del esfuerzo terapéutico, limitación de tratamientos o, simplemente, eutanasia pasiva. Esas decisiones encuentran amparo tanto en las normas deontológicas de la profesión médica como en la Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente, y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, de noviembre de 2002.

Las cinco recomendaciones

La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que regula el registro de "voluntades vitales anticipadas", en cumplimiento de lo legislado en esa comunidad autónoma en septiembre pasado sobre el llamado testamento vital. Es un paso más en la regulación de la eutanasia pasiva, pero no suficiente, según el Observatorio de Bioética y Derecho. Ellos reclaman la legalización de la eutanasia propiamente dicha, es decir, el derecho de la persona a disponer de su propia vida en determinadas circunstancias de sufrimientos atroces o enfermedad irreversible.

"Aunque las opiniones sobre la eutanasia y su moralidad sean dispares, existe un consenso social favorable a no castigarla. Existe el imperativo moral de evitar el sufrimiento innecesario e indeseado; castigar la eutanasia es prolongar inmoralmente el sufrimiento. La prohibición conlleva la clandestinidad de conductas que no son ni moral ni socialmente reprochables, y genera situaciones de injusticia y de sufrimiento", se dice en el documento presentado ayer.

Después de proclamar que "el Estado debe proteger la vida, pero no imponer a las personas el deber de vivir en condiciones penosas en contra de sus deseos y convicciones", el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho hace estas recomendaciones:

- El legislador debe regular los requisitos y procedimientos para que la disposición de la propia vida en determinados supuestos pueda llevarse a cabo en España.

- La ley ha de precisar el papel del médico respecto de toda petición de eutanasia que reúna los requisitos que se establezcan y en la puesta en práctica de esa petición.

- Ha de aceptarse la validez de la petición de eutanasia hecha mediante un Documento de Voluntades Anticipadas o manifestada por el representante designado en el mismo documento.

- La ley deberá respetar la autonomía de los menores atendiendo a su grado de madurez.

- Los poderes públicos deberán propiciar la extensión de cuidados especializados específicos a fin de que todas las personas tengan acceso a ellos y el proceso de morir se desarrolle con dignidad.

El grupo de expertos fue coordinado, para la elaboración de la propuesta, por la jurista María Casado y el especialista en ética médica Albert Royes, directora y secretario del Observatorio de Bioética.

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