La Junta de Andalucía aún intenta cobrar a Boliden por el vertido de Aznalcóllar

Seis años después de la catástrofe ecológica de Aznalcóllar (Sevilla), la Administración andaluza sigue "peleando" para lograr que la empresa propietaria de la balsa minera que vertió un manto de lodo tóxico sobre la cuenca del Guadiamar pague el coste de la recuperación de los terrenos. Tras el cierre de la vía judicial, tanto en la jurisdicción penal como en la civil, la Junta de Andalucía ha culminado un procedimiento administrativo para reclamar al grupo sueco Boliden el pago de 89,9 millones de euros. Hoy por hoy, la contaminación sólo afecta "residualmente" a los cinco primeros kilómetros de los 60 que resultaron dañados por el vertido, según la Consejería de Medio Ambiente.

El 25 de abril de 1998 se produjo la rotura de una balsa minera en Aznalcóllar que vertió seis hectómetros cúbicos de aguas ácidas y lodos cargados con metales pesados en la cuenca del Guadiamar. La lengua contaminante afectó a 4.634 hectáreas y se extendió a lo largo de 62 kilómetros, desde la mina hasta los límites del Parque Nacional de Doñana, un espacio de la naturaleza privilegiado en el que conviven multitud de ecosistemas.

Tras la catástrofe, la Administración central y la autonómica elaboraron un plan para descontaminar en el menor tiempo posible la zona afectada, una tarea que, en cualquier caso, llevó meses. En ese momento crítico surgió la idea de poner en marcha un corredor verde, una zona ecológica que conecta Doñana con Sierra Morena.

La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, señaló ayer que ahora quedan dos retos por resolver. El primero, lograr que "Boliden pague la deuda que tiene con la comunidad autónoma", y el segundo, ultimar un "gran plan" para sellar de forma definitiva la mina de Aznalcollar y las 26 escombreras en las que se depositaron los restos del vertido.

A tenor de lo ocurrido en los últimos años, lo más difícil será conseguir que Boliden, que cerró la explotación minera de Aznalcollar en 2001, pague el coste de la recuperación de la cuenca del Guadiamar. El Gobierno que preside el socialista Manuel Chaves ha visto cómo en estos seis años se le ha cerrado la vía judicial para exigir a Boliden los 89,9 millones de euros en los que ha cifrado la deuda de la compañía sueca.

En octubre del año pasado, la Audiencia de Sevilla cerró la vía civil para reclamar a la empresa el resarcimiento de los costes de la limpieza, lo que supuso un jarro de agua fría para la Administración andaluza. La Junta presentó entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el archivo de su demanda y, paralelamente, abrió un procedimiento administrativo para exigir el pago de los 89,9 millones de euros.

Este procedimiento administrativo culminó hace un mes, cuando el Gobierno andaluz rechazó las alegaciones de Boliden y confirmó a la sociedad que debía hacer frente al pago de esta cantidad.

'Corredor verde'

Tras la descontaminación de la zona afectada, las administraciones pusieron en marcha el denominado corredor verde, un pasillo ecológico que conecta Sierra Morena y Doñana. Hace un año, con motivo del quinto aniversario del vertido, el corredor fue declarado "paisaje protegido", un régimen especial que facilita la gestión pública de este territorio.

La consejera de Medio Ambiente subrayó ayer que los análisis constantes que se hacen de los niveles de metales "en fauna, flora y suelo" siguen dando negativos, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que la descontaminación se hizo de forma correcta. Coves recalcó que ahora "falta dar solución definitiva" al sellado decisivo de la mina y a las 26 escombreras del entorno en las que se almacenaron los residuos tóxicos. "Habrá que hacer un gran plan para dar un sellado definitivo a todas las escombreras", dijo Coves, "y que la mina deje de ser un problema para Andalucía".

Boliden cerró su actividad minera en Aznalcollar en 2001, lo que supuso una convulsión en la comarca al perder su principal motor económico. Los 425 mineros de Boliden se vieron en la calle, un problema que se resolvió mediante una negociación entre los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y el Gobierno andaluz. El acuerdo se zanjó con la prejubilación de la mayoría de los trabajadores y con la búsqueda de alternativas laborales para los 109 mineros que no se podían acoger a esta medida.

De estos 109 damnificados por el cierre de la mina, casi todos están trabajando en empresas medioambientales que se han asentado en la zona, dentro de un plan de adecuación ambiental de la comarca, y en el corredor verde.

Además, el Gobierno autonómico ha auspiciado un tecnoparque de actividades medioambientales que contará con un Centro de Innovación y Tecnología (CIT) en el que ya han confirmado su presencia ocho empresas y que se prevé que supondrá la creación de 238 empleos.