Las regiones argentinas consideran inaceptable el plan fiscal pactado por Kirchner con el FMI

El pasado 31 de marzo venció el plazo del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enviar el texto de Ley de Coparticipación de Impuestos con las administraciones de provincias al Congreso Nacional. Los gobernadores de las provincias más importantes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, consideran "inaceptable" el borrador del proyecto que deberá someterse a debate antes del 31 de mayo para ser aprobado en agosto. El próximo septiembre, Argentina debe renovar el acuerdo con el FMI que le permitió prorrogar deudas por 12.500 millones de dólares a tres años.

La ley que debe establecer de modo definitivo cómo serán las relaciones fiscales entre el Gobierno federal y las provincias está pendiente y demorada desde hace diez años, cuando se aprobó la reforma de la Constitución en 1994 y se estableció un plazo máximo de dos años para aprobar el proyecto. En su lugar, los ministros de Economía de la Administración central propusieron cada año pactos fiscales transitorios que se fueron modificando según las necesidades del Ejecutivo, ahora presidido por Néstor Kirchner.

El FMI exige una ley aprobada por el Congreso Nacional, donde tienen representación parlamentaria todas las provincias, para garantizar que los fondos destinados al pago de la deuda pública con los acreedores externos no sean afectados por los acuerdos de emergencia.

El Gobierno argentino prometió en la Carta de Intención dirigida al Fondo Monetario el pasado septiembre que enviaría el proyecto al Congreso antes del 31 de marzo y tendría la ley aprobada también por las legislaturas provinciales antes de finales de agosto. A principios del pasado mes de marzo, cuando el directorio del FMI revisaba las metas del segundo trimestre, el Gobierno argentino renovó el compromiso.

El Ejecutivo sólo cuenta hasta ahora con el apoyo inicial de nueve de las 24 provincias argentinas. Los gobernadores de las provincias del centro y sur del país consideran "inaceptable" la creación de un Fondo de casi mil millones de dólares que, coinciden, "podría ser utilizado según criterios políticos del Gobierno de turno para repartir entre los amigos o partidarios".

Las batallas ideológicas entre la derecha y la izquierda peronista, renovadas en el último congreso partidario, y la intervención federal a la provincia de Santiago del Estero dominada por el caudillo Carlos Juárez desde hace 50 años, agravan la situación en el seno del peronismo y ponen a prueba el liderazgo político del presidente Néstor Kirchner.

En el primer trimestre de 2004, el Gobierno argentino tuvo un superávit primario que triplicó las metas previstas y se calcula en más de 1.000 millones de dólares. La Nación retiene el 41,6% del total de impuestos que recauda y distribuye el 57,3% entre las provincias. El Gobierno federal se reserva además un 1% con los que atiende emergencias justificadas como Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La consultora Economía & Regiones asegura en un informe que, entre 1992 y el 2003, las provincias recibieron sólo el 41% de lo que les correspondía.

El Gobierno de Néstor Kircher, promete en principio asegurar a cada provincia la misma cantidad de dinero de 2003 y propone destinar un 24% del excedente de 2004 y de los ejercicios fiscales siguientes, con un límite máximo estimado en casi mil millones de dólares y por diez años, para constituir un Fondo de Equidad Social con el que se financie el Plan de Obras Públicas de Infraestructura para el desarrollo de las economías regionales en las provincias del noroeste y el noreste, las más pobres del país.

El resto del superávit, sostenido por las llamadas "retenciones", un impuesto de emergencia del 20% de promedio a las exportaciones de granos y petróleo, sería distribuido según la cantidad de población, necesidades básicas insatisfechas, producto interior bruto y antecedentes fiscales.