De Madrid a Bagdad: cuestión de autonomía

Con o sin fundamento, los autores del 11-M y toda la galaxia que se mueve en este entorno deben considerar que han logrado un gran éxito facilitando la llegada de un Gobierno que ha prometido la salida de las fuerzas españolas de Irak si no se dan ciertas condiciones, y amenazan con más violencia. Bin Laden y los suyos deben también pensar que con el 11-S y lo que vino después (incluyendo la guerra de Irak) han alcanzado uno de sus objetivos declarados: que las tropas de EE UU se retirasen de las tierras santas del islam en Arabia Saudí. Pero es inútil hacer cálculos sobre lo que pasa por la cabeza de estos terroristas. Lo que el ya próximo Gobierno de Zapatero -nunca se le pidió a un Gobierno que decidiera tantas cosas antes de empezar- debe preservar a toda costa es su autonomía de decisión sobre Irak, arropada por un acuerdo parlamentario lo más amplio posible.

La agenda española sobre Irak no puede estar al albur de los terroristas, ni casi de lo que ocurra en aquel país. La retirada de las tropas estaba planteada por Zapatero desde antes. En el discurso de investidura, o poco después, debe dejar claro las condiciones en las que se retirarán o se quedarán, independientemente de lo que ocurra en el frente terrorista. Pues si el Gobierno de Zapatero no decide sacar de inmediato a las tropas de Irak o no consigue lo que busca en el Consejo de Seguridad, ni amenazas ni atentados -y esperamos que no haya otros- deberían hacerle cambiar su posición, que incluye también un reforzamiento de la presencia en Afganistán que distintos yihadistas también quieren obligar a interrumpir, además de recuperar Al Andalus.

La permanencia, retirada y/o eventual retorno a Irak de las tropas y su calendario debe ser decidida según sus méritos propios, sin ignorar tampoco que el empeoramiento de la situación en Irak, derivado de una desastrosa gestión por parte de EE UU, dificulta la eventual salida de estas fuerzas cuyo cometido ha quedado lejos de aquel mandato del Consejo de Ministros del 24 de abril de 2003: "Mantener el apoyo humanitario con carácter prioritario y acometer progresivamente misiones de estabilización, seguridad, cooperación en tareas de desminado y eliminación de armas de destrucción masiva". Están atrapadas en una nueva fase de una guerra equivocada. No fueron allí para esto, ni cabría, para el 30 de junio en que se agota el mandato, renovarlo en esos mismos términos.

En cuanto al frente interno español, el nuevo terrorismo está, como Alien, dentro de nuestro cuerpo, español y europeo, y de vecinos como Marruecos (también las malas relaciones con Rabat y una lectura equivocada de los atentados de Casablanca han podido desviar la debida atención sobre la amenaza). El ministro portavoz saliente, Eduardo Zaplana, planteaba la semana pasada que "a lo mejor los atentados tienen más relación con políticas irresponsables aplicadas antes". ¡Cuanta razón tiene! Pero no por lo que deja entrever. La responsabilidad -no de los atentados, naturalmente, sino de la incapacidad de prevenirlos- recae también en el lamentable estado en el que el PP, en su carrera por el poder entre 1993 y 1996, dejó a los servicios de inteligencia, especialmente al Cesid (hoy CNI). Estos servicios no se han recuperado de aquellos embates, provocados por algunas actuaciones injustificables como los GAL, que les obligaron a desnudarse. ¿Ha olvidado este país la que cayó en 1998 -y la parálisis que produjo- porque estos servicios espiaron sin mandato judicial a la hoy ilegalizada HB en su sede en Vitoria? Por si fuera poco, el Gobierno en funciones ha desclasificado algunos documentos del CNI para lavar su imagen tras el 14-M. Es un gesto sin precedentes que mina la confianza de y en estos servicios. Este país se ha cargado sus servicios de inteligencia, y en esas condiciones, ciegos sobre el mundo islamista violento interno y externo, llegó el 11-M.

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