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COYUNTURA AGRARIA

El PSOE cambiará las últimas leyes agrarias de los populares

Las normas sobre vino y arrendamientos rústicos serán modificadas

El nuevo Gobierno socialista, de acuerdo con sus compromisos electorales, reformará las leyes y otras normas relacionadas con el sector agrario aprobadas en los últimos meses por la Administración del Partido Popular. Se trata de las disposiciones sobre arrendamientos rústicos, vino, regadíos y Seguridad Social. Éstas, señala el portavoz socialista en Agricultura, Jesús Cuadrado, se aprobaron en contra de las posiciones de la mayor parte del sector agrario, así como de comunidades autónomas.

Los socialistas reformarán la Ley de Arrendamientos Rústicos que debería entrar en vigor el próximo 27 de mayo. El nuevo Gobierno que formará José Luis Rodríguez Zapatero quiere elevar de nuevo de tres a cinco años el periodo mínimo de un contrato, volver a fijar techos para las superficies arrendadas, tanto en regadíos como en los secanos, y dar prioridad con derecho de tanteo y retracto a los profesionales del sector ante un arrendamiento sobre sociedades ajenas al mismo.

Todas las organizaciones agrarias y varios partidos regionales se opusieron a la nueva ley. Los sindicatos sectoriales UPA y COAG consideran que esa norma está hecha a la medida de las sociedades anónimas y que facilitará la especulación con la tierra, en lugar de apoyar a los profesionales del campo.

Se pretende modificar igualmente la Ley del Vino aprobada con la mayoría de los votos del Partido Popular en la pasada legislatura, pero en contra de las posiciones del sector y, sobre todo, de varias comunidades autónomas, algunas de las cuales, como Castilla-La Mancha, ya han recurrido ante el Tribunal Constitucional por estimar que invadía sus competencias en esta materia.

Diversas comunidades ya disponían de su propia ley y otras la estaban elaborando, algo que conocían los actuales responsables del departamento de Agricultura. El nuevo Gobierno quiere renegociar la norma para que sea sólo una ley de bases, dejando fuera cuestiones técnicas, infracciones y sanciones, y centrar su objetivo en la defensa del vino.

Se procederá también a una revisión de la reforma de la nueva regulación del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, sobre todo en lo que afecta al cambio del sistema de trabajadores por cuenta propia para pasar al de autónomos. Esta modificación contó igualmente con la oposición de las organizaciones agrarias UPA y COAG.

Además de estas reformas, de acuerdo también con sus compromisos electorales, revisarán el Plan Nacional de Regadíos. Los socialistas estiman que este plan, por el elevado coste de los trabajos de modernización, en lugar de contribuir a equilibrar territorios, está impulsando los desajustes entre unas y otras zonas, al centrarse las inversiones allí donde hay posibilidades de cultivos rentables, y no en el resto.

Para los socialistas es urgente llegar a un acuerdo con el sector y las comunidades autónomas sobre la futura aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común. Aunque existe el acuerdo para que entre en vigor en el año 2006, es necesario definir el tipo de desvinculación de la producción que se aplicará en los pagos en producciones donde hay varias alternativas, como los casos de vacuno, ovino y cereales.

El PSOE es consciente de que hereda un grave problema en materia de sanidad animal, desde la política de controles hasta la de enterramientos, que no se está cumpliendo a pesar de ser obligatoria desde mayo de 2003. Los socialistas temen que en este ámbito se pueda producir en cualquier momento un problema serio con graves perjuicios para todo el sector ganadero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de marzo de 2004