Cien días para empezar a caminar

Los partidos de la izquierda catalana fueron felices padres, el 14 de diciembre de 2003, de un Gobierno que la realidad se empecinaba en negarles desde el restablecimiento de la democracia. Ahora, con 100 días de vida, que se cumplirán el próximo martes, no se puede decir que la realidad haya sido generosa. Han sido 100 días a medio gas en los que el recién nacido ha dado más de un susto.

Alguna imprudencia familiar, un duro invierno político, con epicentro en el PP, y el pedrisco repartido a mansalva por los medios de comunicación deudores del aznarismo (ahora, significativamente, después del 14-M en reconsideración), han hecho peligrar los primeros pasos del Gobierno. Pero eso parece haberlo vacunado.

Lanzados, con distinta concreción, los planes estrella sobre barrios, enseñanza, economía y sanidad

Nadal, Bargalló, Castells, Rañé, Geli y Tura, los consejeros que han iniciado un mayor número de proyectos concretos

El 'caso Carod', el boicoteo del PP, el déficit heredado, la polémica sobre Bracons y la campaña del 14-M han sido los obstáculos

Los acuerdos iniciales entre el PSC, Esquerra (ERC) e Iniciativa (ICV-EUiA) dibujaban un estilo de gobierno nuevo: se cerraban 23 años de certidumbres pujolistas y Cataluña se adentraba en una desconocida cultura de coalición, tan filosóficamente saludable como políticamente procelosa. Tanta duda ha amenazado en ocasiones con convertir el Ejecutivo en apologeta de lo naïf. Las riñas familiares del Gobierno catalán -durante 23 años sólo se inferían por las caras largas de algún cónyuge- se han convertido en motivo de debate de todo el patio de vecinos. Acostumbrados a las sombras chinescas del pujolismo, las farsas atelanas del tripartito han desorientado a público y críticos. En el teatro de la política, estos primeros 100 días han sido más de gestos que de realidades, más de filosofía que de acción concreta de gobierno.

Los primeros pasos del GEC -tal como le gusta al presidente Maragall denominar al Govern d'Esquerres i Catalanista- fueron los de pautar la transparencia: comparecer ante el Parlament para explicar las políticas de los diversos departamentos, intentar paralizar el trasvase del Ebro y encargar una auditoría para conocer el legado económico del pujolismo. Pistas que estuvieron acompañadas de gestos concretos como la reducción del 2% del gasto corriente de la Generalitat. Pero a la pesada losa de unos presupuestos insuficientes y prorrogados se han sumado los imprevistos que amenazan con arruinar la economía familiar: cada día se descubren más hipotecas en la vivienda cedida a regañadientes a las izquierdas por el pujolismo, de acuerdo con las fuentes del Gobierno de Maragall. Los 1.170 millones de euros en inversiones comprometidos hasta 2043 para la Ciudad Judicial han hecho duros los primeros pasos de este balbuciente tripartito que parece haber aterrizado con una inmensa carga financiera debajo del brazo.

Con compromisos que afectan al 30% de la inversión en algunos departamentos, el GEC llevará al Parlament sus presupuestos para 2004 en mayo. Justo entonces tendrá también ultimada la auditoría que radiografiará los números del legado Pujol.No todos los problemas del tripartido han llegado de fuera. Ha habido infecciones endógenas que han amenazado de muerte al Gobierno. El primer episodio fue el nombramiento del director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV). Ahí se evidenció que la nueva situación nada tenía que ver con la discreción precedente, pues los gritos entre los tres socios eran perfectamente audibles en todo el vecindario. Joan Majó acabó dirigiendo la CCRTV después de un pulso que evidenció las diferencias. Luego llegó el episodio del nombramiento de los hermanos: 23 años de pujolismo hablando de los hijos de Pujol y cuando llega el turno de la izquierda los asuntos familiares no remiten. Nadie discutió en un principio el nombramiento de Manel Nadal o Ernest Maragall para cargos de confianza del Gobierno. Pero la designación de Apel.les Carod como secretario de Relaciones Interdepartamentales abrió la caja de los truenos. No obstante, lo peor para el tripartito estaba por llegar a raíz del viaje de Carod a Perpiñán, el 4 de enero, para entrevistarse con la cúpula de ETA. Los ataques al tripartito se redoblaron por parte del PP y la cuerda con el PSOE se tensó al máximo.

Carod acabó saliendo de un Gobierno que apenas ha comenzado a andar y que ya ha lanzado al ruedo, con distintos grados de concreción, sus proyectos estrella: inversiones en los barrios más degradados de Cataluña, el nuevo reparto de responsabilidades entre la escuela pública y la privada, el pacto de competitividad y el incremento de la plantilla de médicos en los centros de asistencia primaria. Los consejeros Joaquim Nadal, Antoni Castells, Josep Bargalló, Josep Maria Rañé, Marina Geli y Montserrat Tura han sido quienes han iniciado más proyectos.

- Presidencia. Tras la salida de Carod del Gobierno, Maragall unificó los departamentos de Presidencia y la conselleria en cap, bajo la batuta de Josep Bargalló, que ha impuesto una política de contención del gasto y de transparencia. Presidencia, como otros departamentos, también ha heredado hipoteca. Su antecesor, Artur Mas, comprometió el 35% del presupuesto para 2004.

El recorte presupuestario ha empezado a notarse. Han sido suprimidos 12 cargos de asesores con un sueldo similar o superior al de director general. También han sido clausuradas las delegaciones en Casablanca y Roma, con un coste desmesurado, a juicio del Gobierno. En cambio, se potenciará la Casa de Cataluña en Perpiñán. Las medidas de transparencia se concretarán en la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de la lista de cargos eventuales y asesores.

Esta política ha sido paralela a otra de defensa a ultranza de las competencias de la Generalitat. En tan sólo tres meses se han presentado siete recursos ante el Tribunal Constitucional y seis requerimientos de incompetencia contra decretos del Gobierno.

Respecto a la política lingüística, Bargalló anunció medidas para potenciar el uso del catalán, pero al tiempo advirtió de que el Gobierno piensa honrar la actual ley y sancionará a las empresas o comercios que incumplan el etiquetado o la rotulación bilingüe.

La política deportiva ha venido marcada por la admisión de Cataluña como miembro de pleno derecho en la Federación Internacional de Patinaje (FIRS) y, en consecuencia, la participación de las distintas selecciones catalanas de patinaje, tanto la de hockey como las de patinaje en línea y artístico, en todas las competiciones internacionales.

- Relaciones Institucionales y Participación. El difícil reparto de poderes del tripartito se materializó con la creación de este departamento, que tiene un marcado carácter político y que ocupa el líder ecosocialista, Joan Saura. La reforma del Estatut se presenta como su máximo objetivo y, por eso, ya ha fijado fechas para su redacción intentando implicar a la sociedad catalana y española.

- Gobernación. La medida central de Joan Carretero ha sido la aprobación del decreto que permite tramitar todos los impuestos de la Generalitat vía Internet. El departamento del republicano Carretero ha creado, asimismo, la Comisión de Organización Territorial para preparar la ley que permitirá dividir el territorio catalán en regiones.

- Interior. El anuncio de emprender una cruzada legislativa contra los ciudadanos que conducen después de haber ingerido alcohol ha sido lo más destacado del Departamento de Interior. La contundencia anunciada fue tal que la consejera Montserrat Tura propuso incluso una tasa cero de alcoholemia, lo cual generó discrepancias públicas con el titular de Agricultura, Antoni Siurana, quien salió en defensa del sector vinícola. Tura también generó polvareda por otras declaraciones en las que defendía que las sanciones de tráfico variasen en función de la renta del infractor. En ambos casos se trata de buenas intenciones, pero lo que sí será visible es la presencia de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, coincidiendo con la celebración del Fórum. Estaba previsto que en octubre empezasen a patrullar 700 agentes por las calles de la ciudad, pero en junio ya habrá 400.

- Justicia. El descubrimiento de que el Gobierno de CiU había comprado unos terrenos en el Bages para construir una prisión ha marcado los primeros 100 días del Departamento de Justicia. El consejero Josep Maria Vallès asumió el proyecto ante el gran aumento que ha experimentado la población reclusa, aunque con una reducción de las dimensiones que todavía están por concretar. Pero más allá de cómo fuese la obra, Justicia se comprometió a compensar a los municipios afectados y a tener una visión global del territorio a la hora de elegir la ubicación de esos equipamientos. Estas promesas no calmaron a los vecinos, que efectuaron manifestaciones de protesta. Vallès también anunció cambios en el megaproyecto urbanístico de la Ciudad Judicial, pero manteniendo el sistema de financiación heredado y pactado para esa obra y para la cárcel de Brians 2, que demora su pago a 35 años desde su adjudicación. Se revisarán también seis proyectos de edificios judiciales prometidos por CiU.

- Bienestar Social. El tripartito lanzó un auténtico desafío al Gobierno central al mantener los complementos a las pensiones de viudedad y subirlas el 3,8%. La política respecto al anterior Gobierno ha dado un cambio radical al proponer una ley que permitirá a las parejas homosexuales adoptar hijos. Anna Simó se comprometió a que el Gobierno asumiese algunos trámites para las adopciones internacionales.

- Medio Ambiente y Vivienda. A las pocas semanas de acceder al cargo, Salvador Milà viajó a Bruselas para denunciar ante las autoridades europeas el Plan Hidrológico Nacional. Un macroproyecto tocado de muerte después de la victoria de los socialistas en las elecciones generales. Frente al previsto trasvase del Ebro, Milà propone un plan para regenerar el delta y evitar su regresión. En política de vivienda, una competencia que sumó por decisión de Iniciativa, el consejero prevé modificar las leyes al respecto y ha presentado un programa para construir 42.000 pisos protegidos, la mitad de alquiler, en cuatro años.

- Cultura. Caterina Mieras inició su andadura al frente de Cultura con un gesto: asistió al estreno en Sevilla de la última obra de Els Joglars, la compañía más abiertamente enfrentada con el anterior Gobierno de CiU. Aun no cumplidos los 100 días, el departamento ha pasado por una vistosa crisis: el cese esta semana del número

dos, el secretario general Francesc Vila, un profesional proveniente del área de Cultura de la Diputación de Barcelona que precisamente fue de los mejor recibidos en medios culturales, un tanto inquietos por el escaso renombre de la consejera en estas lides. Le sustituirá Gemma Sendra, hasta ahora gerente del Macba y que con anterioridad había pasado por el Liceo y el Fòrum 2004. La argumentación oficial es que la secretaría general requería un perfil más "gerencial" y menos "político".

Consciente de que era una persona ajena al sector cultural, Mieras, que de profesión es dermatóloga, ha dedicado este primer periodo a tomar contacto con la situación, en un soft landing todavía no concluido.

Mieras ha dado hasta ahora pistas muy generales sobre su política. Sí ha señalado como prioridad acabar las obras del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Pero ahí se ha topado con una desagradable sorpresa:faltan 18 millones de euros para acabar esa obra. Otra cuestión pendiente es la dirección del Instituto Ramon Llull después de que el Gobierno balear rechazara el nombramiento inmediato a la dirección de la filóloga mallorquina Aina Moll, aunque sin cuestionar la idoneidad de ésta para el cargo.Está previsto que en breve nombre un comisionado para el Consejo de las Artes. Diversas fuentes señalan al ex rector de la Universidad de Barcelona Josep Maria Bricall como el candidato para ese cargo.

- Agricultura. El traslado de la sede del Departamento de Agricultura de Barcelona a Lleida inició la llegada al poder de Antoni Siurana, aunque esta medida no se ha traducido en un cambio de estructura orgánica, si no que es un mero cambio de despacho. Siurana ha conseguido que Cataluña y Aragón defiendan juntas ante el Gobierno central las decisiones que afectan a este departamento y que, posteriormente, se llevarán a la Unión Europea. Finalmente, se han aprobado las cuatro líneas de crédito del Instituto Catalán de Crédito Agrario por 20,2 millones de euros.

- Comercio, Turismo y Consumo

. La principal medida adoptada por Pere Esteve es la elaboración de una nueva ley de horarios comerciales para reducir de 90 horas a 72 horas las aperturas, y de 12 a 8 días los festivos y domingos que se trabajan al año. En cuanto al horario de apertura, será a las 7.00 horas. Una novedad de la futura norma será que las tiendas que tienen menos de 120 metros cuadrados de superficie y que venden productos de alimentación, droguería y limpieza quedarán exentas de la prohibición de cerrar a las 22.00 horas y los días festivos. El departamento también se propone potenciar la marca Cataluña en Turismo y ha anunciado una reforma fiscal ecológica, sin aceptar la ecotasa.

- Universidades. El inicio de la legislatura de Carles Solà se ha caracterizado por las buenas intenciones y por la polémica. Nada más tomar posesión, socialistas y republicanos discutieron a causa de la ubicación gubernamental de la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y del nombramiento de su responsable. Finalmente, ERC se salió con la suya y la secretaría se quedó donde estaba y Oriol Ferran, de Iniciativa per Catalunya, fue elegido su titular. De momento, el Gobierno ha iniciado el despliegue de la banda ancha por toda Cataluña y ha anunciado su deseo de romper la brecha digital. En cuanto a universidades, se ha propuesto realizar carreras conjuntas con otros países europeos. También se ha iniciado el desarrollo de la Ley de Universidades, que establece un incremento del 30% de la financiación de los centros.

Información elaborada por Serafí del Arco, Rafa Carbonell , Josep Maria Cortés, Mar Padilla, Pere Ríos, Catalina Serra, Ariadna Trillas y Noelia Vida.