Acuerdo para mejorar la competitividad de la economía

La principal preocupación del consejero de Economía, Antoni Castells, ha sido concertar el esqueleto de un nuevo modelo económico para Cataluña. Y desde el primer día, el Gobierno catalán ha tenido que lidiar con un goteo de deslocalizaciones y cierres empresariales, como los de Samsung, Philips y Fisipe, entre otros.

El Ejecutivo tripartito (Economía, Trabajo e Industria y Comercio, Turismo y Consumo) y los agentes sociales acordaron el pasado 17 de febrero las bases del Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana, que tendrá que concretar políticas para encauzar la economía en la actual dinámica de globalización. Mientras se desarrolla el acuerdo básico, los problemas más acuciantes se tratarán en las mesas sectoriales de la electrónica de consumo, textil y automóvil, marcadas por el desacuerdo entre las patronales.

Antes de tomar ninguna decisión, Economía y Finanzas quiso saber con exactitud el estado de las cuentas de la Generalitat y analizar la gestión llevada a cabo por el Gobierno catalán anterior. Así, Castells encargó una auditoría de las cuentas a 31 de diciembre de 2003, que deberá estar lista el 15 de mayo. Economía nombró a un grupo de siete expertos independientes en contabilidad y auditoría, presidido por Antoni Serra Ramoneda, que tutelarán el trabajo de la intervención.

Dentro de su compromiso de no aumentar la presión fiscal, el consejero Antoni Castells anunció el 3 de febrero una reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo que recaudan y gestionan las autonomías. El plan, sin fecha, consiste en elevar el mínimo exento para pagar este impuesto a una cantidad entre 450.000 y 600.000 euros. Otra medida anunciada, que tampoco tiene fecha ni prisas, consiste en aplicar "pequeños retoques" a la ley catalana de cajas de ahorros, con la idea de preservar el actual modelo de cajas.

Economía se ha comprometido también a subvencionar hasta un 50% del alquiler de los jóvenes de entre 25 y 32 años, con un tope de 240 euros mensuales, durante sus tres primeros años de emancipación.

En el Departamento de Trabajo e Industria, el consejero, Josep Maria Rañé, ha suprimido, por "caro e ineficiente", el Servicio Catalán de Colocación (SCC), creado en 1995 por el anterior Gobierno y que repartía cerca de 10 millones de euros al año en subvenciones a centros colaboradores. En su primera comparecencia en el Parlament, Rañé anunció la creación de la Agencia Catalana de Inversiones y una red de centros de tecnología al servicio de las empresas, en lugar de subvenciones directas.