Rouco repudia las reformas del PSOE, pero dice que no movilizará a la Iglesia contra ellas

"Convicción, formación y testimonio" es la receta con que los obispos harán frente a las reformas que el próximo Gobierno del PSOE introducirá en materias como la despenalización del aborto, la enseñanza religiosa, la investigación con embriones o el matrimonio homosexual. La consigna es del cardenal Antonio María Rouco, que ayer dijo no entender las razones de los socialistas para esas reformas. Pero el líder episcopal rectificó a un interlocutor que le reclamaba acciones "para pararlas". "La Iglesia no puede confundirse con la comunidad política", dijo.

El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española desayunó ayer en un recargado salón del hotel Ritz de Madrid, rodeado de clérigos, propagandistas católicos, legionarios de Cristo y fieles del Opus Dei, amén de una treintena de políticos y periodistas. El encuentro había sido convocado para antes de las pasadas elecciones por Nueva Economía Fórum y la agencia Europa Press, pero el atentado del 11-M obligó a retrasarlo hasta ayer. En consecuencia, la comparecencia del cardenal Rouco, prevista para analizar las relaciones Iglesia-Estado a partir de la muerte del dictador Franco, se tornó en un repaso

inevitablemente político de una actualidad eclesial marcada de zozobra por el regreso de los socialistas al Gobierno y las reformas prometidas en materias tan sensibles para los eclesiásticos como una más amplia despenalización del aborto -la llamada Ley de Plazos-, el matrimonio entre homosexuales, la investigación con embriones o la paralización de la reforma educativa concedida por el Ejecutivo de Aznar a los obispos en materia tan polémica como la enseñanza de la religión y sus alternativas.

"Hay razones para preocuparse" por esos cambios, advirtió a Rouco el presidente del Fórum Europa, José Luis Rodríguez, en un discurso de presentación en el que llamó "jefe de la Iglesia católica española" al cardenal. Para consolarle, Rodríguez dijo al prelado que "tendrá algunos ministros amigos [en el nuevo Gobierno], como José Bono, al que esperamos aquí". Pero Bono no acudió, ni dirigente socialista alguno, a pesar de estar convocados y de haberlo hecho en ocasiones anteriores. Sí estaban presentes, en cambio, numerosos políticos conservadores, entre otros, el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo y los ex ministros Carlos Robles Piquer y José Manuel Romay Beccaría, este último presidente del Consejo de Estado. También acudió el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ex ministro y ex militante socialista.

Cómo parar las reformas

Antes de someterse a 42 preguntas de los asistentes, Rouco ofreció durante media hora un panorama optimista del desarrollo de los cuatro acuerdos Iglesia-Estado, firmados en Roma en 1976 el primero -la renuncia del jefe del Estado a intervenir en el nombramiento de obispos-, y en 1979 los restantes, por el ex ministro de Exteriores de la época, Marcelino Oreja, destacado dirigente de la poderosa y longeva Asociación Católica de Propagandistas (AC de P). Aquel proceso concordatario, según el cardenal, fue fruto de una "postura de la jerarquía favorable a la reconciliación de los españoles".

Pero de inmediato enumeró Rouco los puntos de conflicto que más le desazonan ahora: el derecho a la libertad de enseñanza religiosa y moral, el accedo de la Iglesia a los medios de comunicación públicos y "los que tienen que ver con la financiación". "Diálogo sí hubo, pero las decisiones las ha tomado casi siempre la Administración", se quejó. En ese punto, el cardenal se empleó a fondo para defender la reciente regulación de la asignatura de religión católica en la escuela pública, el conflictivo régimen laboral de sus docentes y los nuevos contenidos de la asignatura alternativa, y se quejó de que no haya sido posible un "pacto escolar" que garantice su permanencia, "al margen del partido que gobierne y de la legítima alternancia". También subrayó que aplicar a los docentes de catolicismo el Estatuto de los Trabajadores, como quiere el PSOE, se desvía de la legalidad y de las sentencias judiciales.

Más contundente fue en su rechazo a la ampliación de la despenalización del aborto, y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la investigación con embriones. El cardenal habló de "derecho a la vida", dijo que "el desarrollo científico no es un principio absoluto" y acusó de ceguera a quienes no ven las graves consecuencias de esas reformas. Un religioso le preguntó si la Iglesia iba a hacer algo para "pararlas", para "hacer frente" a las intenciones reformistas del futuro Gobierno del PSOE, como ya hicieron los eclesiásticos en 1985 contra la primera ley despenalizadora del aborto y la reforma educativa contenida en la famosa LODE. Rouco apeló al Concilio Vaticano II: "La Iglesia no se puede confundir con la comunidad política. Pero diremos con libertad lo que pensamos y trataremos de llevar a la práctica nuestro criterio con convicción, formación y testimonio", dijo.