Política científica

En un acto celebrado en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero desgranó las medidas que tomaría, si ganaba las elecciones, en materia de ciencia e investigación, un campo que todos los políticos proclaman como crucial para el futuro de nuestro país, pero sobre el que muy pocos toman medidas efectivas. La buena acogida de los muchos científicos asistentes a ese acto demostró que las intenciones de Zapatero eran convincentes; ahora, una vez ganadas las elecciones, debe pasar a los hechos.

Algunos de los investigadores españoles más prestigiosos se han dirigido recientemente a la opinión pública para exponer sus criterios. En primer lugar, es preciso incrementar los fondos dedicados a investigación y desarrollo, el llamado I + D. Tras el indiscutible progreso registrado en la década de los ochenta, hemos vivido una época de estancamiento que nos sigue manteniendo a la cola de Europa, sin reducir distancias. España gasta en I + D, aproximadamente, un 1% de su PIB, la mitad de la media europea, lejos, a su vez, de EE UU y Japón. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta la etapa de prosperidad económica por la que hemos pasado y la existencia de generaciones de científicos jóvenes preparados como nunca. Disponemos de los recursos humanos potenciales, pero no de las oportunidades para que éstos rindan en plenitud. Es necesaria, pues, una inyección de recursos para fomentar la investigación científica. Estos mismos científicos han enfatizado la importancia de construir una estructura estable e independiente de evaluación, de coordinación y de asignación de recursos basada en la excelencia y capacitada para insertarnos en el sistema internacional de ciencia y tecnología.

Cuando el Gobierno del PP creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología se suscitaron muchas esperanzas, luego defraudadas. Ni se aumentaron los recursos, ni se gestionaron los existentes de forma más agil y adecuada, ni se perfeccionó la coordinación entre universidades y administraciones públicas. Más bien ocurrió lo contrario. Ahora, Zapatero, el futuro presidente del Gobierno, plantea la vuelta a un Ministerio de Educación y Ciencia, que fue la estructura que sirvió para impulsar nuestra ciencia en los ochenta. Tiene la ventaja evidente de integrar de forma natural en la tarea investigadora a las universidades, principales generadores de ciencia en nuestro país, pero es preciso no supeditar el impulso inmediato que necesita la investigación a las también urgentes transformaciones que habrá que realizar en el sistema educativo para corregir la pesada herencia que deja la ministra Pilar del Castillo.

El pacto de Estado que solicitan algunos científicos es imprescindible para dar continuidad e independencia al esfuerzo investigador, pero no puede ser entendido como una forma de sacar a la política científica del debate político general. Son posibles distintas políticas en ciencia e investigación, y es normal, y saludable, que sean objeto de debate y formen parte de la oferta que cada fuerza política haga a la sociedad.