Detenido un general tras la anulación de los indultos de Menem a mandos militares

El general argentino retirado Jorge Olivera Rovere fue detenido ayer por delitos de lesa humanidad después de que el viernes el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dispusiera la inconstitucionalidad de dos de los 10 decretos de indulto que el ex presidente Carlos Menem firmó en 1989 y 1990. Los decretos permitieron la puesta en libertad de más de 300 militares y jefes guerrilleros condenados o procesados por los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

La decisión del magistrado, recibida con elogios por las organizaciones de derechos humanos y críticas en algunos medios jurídicos, afecta a seis generales, de los que sólo viven tres. Se trata del primer fallo judicial contra los indultos de Menem y sienta un precedente que podría generar decisiones similares en otras causas. Habrá impugnaciones de las partes, y terminará en la Corte Suprema.

Los seis militares pertenecían al Primer Cuerpo del Ejército, implicado en graves violaciones de derechos humanos, que estaba bajo el mando del general Guillermo Suárez Mason, actualmente procesado y detenido junto al general Juan Bautista Sasiaiñ en la causa que investiga el robo de hijos de detenidos-desaparecidos. La resolución contra los indultos tiene un significado claramente político. Apoyan la medida el Gobierno y la mayoría parlamentaria oficialista. En círculos jurídicos las discrepancias son mayúsculas. El constitucionalista Jorge Vanossi, ministro de Justicia en el Gobierno de Fernando de la Rúa, sostiene que la atribución de decretar un indulto sólo compete al presidente de la República y el Poder Judicial no puede inmiscuirse en este terreno. No opina lo mismo el también constitucionalista Daniel Sabsay, que considera que el ex presidente Menem se excedió al indultar delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles.

El juez Canicoba se ha basado en un dictamen presentado el pasado 3 de marzo por los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler, que recurre a disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y subraya la preeminencia del Derecho Internacional sobre el interno en materia de derechos humanos. "Estamos aplicando normas de carácter superior, como es el sistema interamericano de derechos humanos", dijo el fiscal Delgado. En síntesis, los decretos de indulto son incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El dictamen recuerda que la Corte Interamericana ha señalado que al aprobar los tratados sobre derechos humanos "los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción".

El ex presidente Menem firmó en octubre de 1989 cuatro decretos por los que fueron liberados 277 militares y civiles, entre los que se encontraban destacados jefes de las Fuerzas Armadas implicados en violaciones de derechos humanos, en la guerra de las Malvinas y en las intentonas golpistas durante el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Junto a ellos salieron en libertad varios dirigentes de la antigua guerrilla. En diciembre de 1990, Menem dio curso a otros seis decretos de indulto que afectaron a los nombres más destacados de la dictadura, como los integrantes de las Juntas militares Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Eduardo Massera, Orlando Agosti y Armando Lambruschini, jefes de la policía y el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. También fue indultado Mario Firmenich, considerado el máximo líder de la organización guerrillera peronista Montoneros.

La decisión judicial se produce en vísperas del 24 de marzo, fecha en que se cumplirán 28 años del golpe militar de 1976. El Gobierno prepara un gran acto en la sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que durante la dictadura albergó un centro clandestino de detención y tortura de opositores. Cantantes como Joan Manuel Serrat y el cubano Silvio Rodríguez están invitados al acto en el que Kirchner anunciará la creación en aquel recinto de un Museo de la Memoria. Una decisión que ha generado polémica entre las organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas. Kirchner recorrió el viernes las dependencias de la ESMA acompañado de antiguos detenidos, la primera visita que realizaban al siniestro lugar desde la dictadura.

El dictamen de los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler señala que los argumentos ofrecidos en su día contra la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocidas como leyes de impunidad, "son extensibles a la inconstitucionalidad de los indultos". En agosto pasado el Congreso votó la nulidad de dichas normas, que anteriormente habían sido declaradas inconstitucionales por los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío y por la Corte Interamericana de la OEA. La decisión final está en manos de la Corte Suprema.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas en 1986 y 1987 por el Gobierno de Alfonsín, beneficiaron a oficiales jefes hasta personal de tropa, pero excluían a los jefes militares. Estos últimos quedaron amparados posteriormente con los indultos de Menem, que el viernes recibieron el primer mazazo de la justicia.