Un pacto de silencio selectivo

El Gobierno israelí abrió la pasada semana un nuevo frente dentro de su particular guerra contra la Intifada palestina, cuyos daños colaterales acumulados hacen cada vez más inviable la creación del Estado independiente que propone la Hoja de Ruta (plan de paz elaborado por el Cuarteto formado por EE UU, la UE, Rusia y la ONU). Numerosos efectivos del Ejército y la policía irrumpieron en tres bancos de Ramala y confiscaron, tras recluir a sus empleados y amenazar a sus directores, más de 35 millones de shequels (unos siete millones de euros) correspondientes a 56 cuentas corrientes desde las que supuestamente se financiaban actividades terroristas. Además, el Ejecutivo hebreo continuó denunciando que el presidente palestino, Yasir Arafat, está presuntamente implicado en dicha financiación del terrorismo, hipótesis que ya intentó demostrar hace año y medio mediante el llamado Expediente Arafat.

Las acusaciones de corrupción contra Arafat también se examinan en Al Fatah

Pero el primer ministro israelí, Ariel Sharon, no parece estar actuando con el mismo celo contra las cuentas que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tiene en Suiza y en Egipto, sobre las que también existe sospecha de que estén siendo utilizadas para desviar fondos hacia actividades diferentes de aquellas para las que le fueron donados por la comunidad internacional. A diferencia de los anteriores, este capítulo de la corrupción no se ha convertido en arma política arrojadiza contra la cúpula palestina. Aparentemente, Sharon no quiere atizar unas investigaciones que al final podrían venirse contra él mismo, pues sacarían a la superficie las sinergias de intereses en empresas conjuntas como la del casino de Jericó. A pesar de que lleve ya más de tres años cerrado, el mayor paquete accionarial del Oasis pertenece a Casinos Austria. Su director general, Martin Schlaff, es amigo personal de Sharon y uno de los sospechosos de haberle entregado donaciones ilegales para financiar sus campañas electorales. Schlaff tiene a su vez como socio palestino a Mohamed Rashid, el opaco asesor financiero de Arafat que trasladó sus negocios a El Cairo en la primavera de 2002 y que el próximo mayo pretende abrir en Ramala el nuevo Tri Fitness, un gimnasio de lujo en el que ha invertido cinco millones de euros, aún en una coyuntura de aguda crisis económica. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), la ANP habría desviado hasta 750 millones de euros a cuentas en el extranjero entre los años 1997 y 2003. De éstos, unos 8,3 millones habrían ido a parar a la cuenta corriente que la esposa de Arafat, Suha, tiene en París, donde reside desde poco antes de que estallara la Intifada. La Fiscalía francesa investiga ahora el origen de esas transferencias, que partieron de una cuenta suiza, para cerciorarse de que no forman parte de alguna donación internacional. A esta acusación de supuesta malversación de fondos abierta en Francia contra el presidente palestino se unen otras imputaciones israelíes que están siendo investigadas también por la Unidad Antifraude de la UE (OLAF).

De acuerdo a una información difundida por el diario alemán Die Welt, los inspectores europeos podrían terminar dando la razón al Gobierno hebreo respecto de la presunta desviación de fondos por parte de Arafat hacia el Tanzim y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa. Sin embargo, el delegado de la Comisión Europea en Jerusalén, Jean Breteché, solicita prudencia hasta que termine la investigación. "Hay que esperar a que la OLAF presente sus conclusiones ante el Parlamento, lo que tendrá lugar de forma inminente", comentó Breteché en una entrevista con este periódico. "No existe evidencia de que se haya utilizado dinero europeo para comprar armas o financiar atentados, y si la hubiera, habríamos parado la ayuda inmediatamente", insistió este alto funcionario. Para Breteché, desde la incorporación hace dos años del reputado ministro palestino de Hacienda, Salam Fayyad, se han hecho grandes progresos en las reformas económicas y financieras a las que obliga la Hoja de Ruta, lográndose un gran nivel de transparencia en la gestión. Por este motivo, el ministro no daba crédito cuando vio el atraco a mano armada que tenía lugar en los bancos de Ramala. Según el jefe de gabinete de Fayyad, "si los israelíes querían neutralizar alguna cuenta, tenían que haberlo hecho a través de nosotros y de la Autoridad Monetaria Palestina", una de las pocas instituciones de prestigio dentro de la ANP.

Las acusaciones de corrupción que afloran en el entorno de Arafat están siendo también objeto de escrutinio por parte del movimiento Al Fatah, que constituye la doble columna vertebral de la OLP y de la ANP. La reciente dimisión colectiva de 400 de sus miembros encendía la luz de alarma dentro de una organización que se encuentra en un proceso de desintegración paralelo al de la propia sociedad palestina. "Al Fatah, en su estado actual, nos está conduciendo hacia un mayor tribalismo, conflicto interno y aflicción colectiva", denunciaron los dimitidos en una carta dirigida al rais. Esta renuncia en bloque le obligó a convocar una reunión del Consejo Revolucionario, el pasado fin de semana en Ramala, y en la que se convocaron elecciones internas dentro del movimiento, así como presidenciales, legislativas y municipales antes de un año. Transcurridas las sesiones, el secretario general de Al Fatah en Cisjordania, Hussein al Sheikh, enfatizó la necesidad de renovar a los dirigentes. "Ésta es la única fórmula para llevar a cabo las reformas y terminar con la corrupción", indicó, añadiendo que, según los estatutos del movimiento, los comicios internos deben celebrarse cada cinco años, algo que no se hace desde 1988.

Las palabras de Al Sheikh reflejan la pugna por el poder que enfrenta a la vieja guardia que llegó a los territorios desde su exilio en Túnez con las nuevas generaciones que se curtieron durante la primera Intifada y quieren tomar las riendas tras terminar la segunda.