Los padres tendrán un año para decidir sobre los embriones congelados

El Ministerio de Sanidad ha remitido un borrador de real decreto a las sociedades médicas que establece qué se puede hacer con los embriones sobrantes de los tratamientos de reproducción asistida. Las parejas tendrán un año para decidir que sigan congelados por si quieren tener más hijos, los donan a otra pareja, los dan para la investigación o quieren que sean destruidos. Las opciones sólo son válidas para los embriones congelados antes de la reforma de la ley de reproducción asistida.

El real decreto establece que las clínicas de reproducción asistida tendrán que enviar a los padres de los embriones que tienen congelados una carta ofreciéndole las opciones. En España, hay unos 200.000 embriones congelados. Cada año, unas 5.000 mujeres se someten a ciclos de fecundación in vitro, según la Sociedad Europea de Reproducción Humana. Para decidir el destino de sus embriones, los padres tendrán que acudir a la clínica o dar el consentimiento ante notario. En caso de que exista más de un embrión congelado, los padres podrán dar destinos distintos a cada uno de ellos.

Si los padres no aparecen o no contestan, los embriones pasan a donación para parejas con problemas de infertilidad. Si a los cuatro años ninguna mujer se ha implantado los embriones, éstos pasarán al Centro Nacional de Medicina Regenerativa, el encargado de descongelarlos para obtener células madre embrionarias.

Las células madre embrionarias son capaces de dividirse en cualquier tejido. El objetivo es utilizarlas para reparar tejido dañado en enfermedades como la diabetes o el Parkinson. Si los padres han fallecido, los embriones estarán cinco años dispuestos para donación y luego pasan a la investigación.

El texto no deja claro qué ocurre en caso de disputa entre la pareja. En todos los artículos habla de "la pareja, o la mujer en su caso". Fuentes de Sanidad señalaron que se refiere al caso de mujeres solteras. El decreto sí prevé el caso del divorcio. Si la mujer se ha vuelto a casar, necesitará el permiso del padre biológico y del nuevo marido para implantarse los embriones congelados.

Amparo Ruiz, directora de la clínica de Valencia del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), asegura que el decreto tiene un fallo: "Todos los embriones pasan a donación, pero no todos valen y contradice otra norma anterior". Según un real decreto de 1996, sólo los embriones de mujeres de menos de 35 años y padres de menos de 50 y sin enfermedades genéticas pueden ser dados en adopción.

El nuevo real decreto sólo afecta a los embriones congelados antes de la reforma de la Ley de Reproducción Asistida, que entró en vigor el 23 de noviembre de 2003. La ley pone trabas a la fecundación in vitro para que no se vuelvan a llenar los congeladores. Si sobra algún embrión, estará congelado hasta que la mujer deje de ser fértil. Con la reforma, las parejas se comprometen a darlos en adopción o a implantárselos. La ley no prevé qué hacer si nadie los adopta. Sobrarán menos embriones y el problema surgirá dentro de muchos años.

Sanidad tiene aún pendiente el decreto que permite fecundar más de tres óvulos por tratamiento de reproducción asistida. La reforma de la ley establecía que sólo en casos excepcionales se podrían fecundar más de tres óvulos por ciclo. Las excepciones hicieron que la Comisión Nacional de Reproducción Asistida apoyase en agosto y contra pronóstico la reforma. La comisión presentó en octubre una lista de 23 excepciones a Sanidad. La lista incluía todas las causas de infertilidad

El ministerio no ha respondido y, según fuentes cercanas a la comisión, negocia con el director del IVI, Antonio Pellicer, un recorte en la lista. Sanidad propone dejar el número de excepciones en 11. La falta de un protocolo ha generado malestar entre los miembros progresistas del comité asesor. El catedrático de Biología Celular Josep Egozcue dimitió ayer por carta y animó a los demás miembros a hacer lo mismo como protesta contra "las hábiles falsedades de Ana Pastor". Egozcue denunció la actitud pactista de los representantes de las clínicas. Éstos aceptaron la reforma a cambio de la palabra de Pastor de que ellos fijarían las excepciones.

El catedrático de Filosofía del Derecho Manuel Atienza critica que la comisión aceptó "una reforma innecesaria y contraria a los pacientes". La presidenta de la Asociación Nacional para Problemas de Infertilidad, María José González, aplaudió que se regule el destino de los embriones congelados, pero insistió en que Sanidad tiene que detallar las excepciones a la ley.