Montesinos vuelve al banquillo
El ex jefe de los servicios secretos de Perú está acusado de vender 10.000 fusiles a la guerrilla colombiana de las FARC
Vladimiro Montesinos, el asesor predilecto del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que durante una década manejó todos los resortes del poder en el país andino, fue el cabecilla del tráfico de 10.000 fusiles a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según declaró el antiguo teniente José Luis Aybar Cancho, uno de los testigos clave en el nuevo juicio contra el otrora todopoderoso jefe de los servicios secretos. Treinta meses después de su detención, Montesinos afronta junto a otros 35 procesados el primer juicio de envergadura en el que puede ser condenado a 20 años de prisión. Los tribunales ya le han impuesto cuatro condenas, que al no ser acumulativas, no superan los nueve años.
Sentado en la última fila del banquillo, Montesinos escucha impertérrito la lectura del resumen del expediente. La escena transcurre en la sala especial construida para el juicio en la mastodóntica Base Naval del Callao. En sus tiempos de gloria Montesinos ordenó construir en este recinto la cárcel de máxima seguridad de Perú para albergar a los principales dirigentes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que sembraron el terror en los años ochenta y principios de los noventa. Paradójicamente, el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) ocupa hoy una de esas celdas.
El juicio comenzó el 22 de enero. Por la magnitud y el ritmo de los interrogatorios se estima que durará varios meses. Montesinos y todos los demás procesados tienen que abandonar la sala cuando el tribunal llama a declarar al también procesado Aybar Cancho. La sesión dura toda la jornada después de una exhaustiva rueda de preguntas por parte del fiscal, procurador, miembros del tribunal y abogado defensor.
El ex teniente fue uno de los cabecillas que Montesinos presentó ante la prensa en 2000 al anunciar el desbaratamiento de un desvío de fusiles con destino a las FARC. Todo resultó ser un montaje para ocultar un operativo de tráfico de armas con ramificaciones en varios países. El juicio deberá desentrañar numerosos interrogantes, como por ejemplo si la CIA tuvo conocimiento de la operación. Montesinos trabajó como agente de la central de inteligencia estadounidense, y la defensa del procesado ha pedido que se cite a declarar al director de la CIA, George Tenet.
Aybar admitió haber viajado varias veces a Jordania, de donde partieron las armas. Dijo haber recibido órdenes de Montesinos para controlar el envío de "equipos de comunicaciones" para las Fuerzas Armadas de Perú. Nada sabía, dijo, de que en las cajas no había esos equipos y sí miles de fusiles que fueron desviados desde Iquitos, en la selva amazónica, con destino a las FARC.
El turno de Montesinos todavía no ha llegado en este juicio, aunque es previsible que se niegue a declarar o lo haga a través de su abogada. Han transcurrido dos años y medio desde su detención en Venezuela y extradición a Perú, y la sombra del ex asesor de Fujimori sigue planeando sobre la política peruana. El Gobierno de Alejandro Toledo, profundamente debilitado por la caída en picado en las encuestas y por distintas crisis, acusa a "la Mafia fuji-montesinista" de todos los males del país. Hasta dónde llega la influencia del hombre más denostado de Perú es una incógnita. Pero pocos dudan de que todavía es significativa en algunos sectores del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y en ciertos medios de comunicación.
Fujimori pide elecciones
Alberto Fujimori vive refugiado en Japón y disfruta de la protección de las autoridades niponas, que no atienden las reclamaciones de la justicia peruana por entender que el ex presidente tiene nacionalidad japonesa. Ayer mismo, Fujimori pedía a través de una radio peruana elecciones anticipadas para resolver la crisis que vive Perú. A pesar de su destitución en 2000 por "incapacidad moral", Fujimori, 65 años, sigue gozando de una corriente de simpatía en el país.
Mañana viaja a Tokio una misión que reiterará la petición de extradición de Fujimori. Según declaró la fiscal de la nación, Nelly Calderón, las autoridades japonesas deberían entregar al ex presidente si aceptan que tiene la nacionalidad peruana que ejerció por más de 50 años. Pero pueden rechazar la extradición, tal y como han hecho hasta ahora, amparándose en la nacionalidad japonesa a la que Fujimori se acogió. Si Tokio cierra una vez más la puerta a la reclamación, el Gobierno peruano podrá acudir al Tribunal Internacional de La Haya.
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