Las tabacaleras exigen que el Estado se persone en la demanda de la Junta

Un juez de Madrid decidirá en cinco días si el Estado debe personarse y defenderse de la demanda que la Junta de Andalucía ha interpuesto contra seis tabacaleras a las que acusa de "comercializar" el tabaco que causó graves perjuicios a 135 pacientes. Ayer se inició en Madrid la audiencia previa del primer gran proceso judicial que se abre en España contra las tabacaleras por el impacto pernicioso del tabaco en la salud. Las compañías demandadas pidieron al juez que cite al Estado, como dueño de la antigua Tabacalera (hoy Altadis), para que se defienda en la causa.

Las tabacaleras demandadas pidieron también al juez que remita las diligencias a la jurisdicción contenciosa-administrativa, dado que, opinan, el Estado también debe intervenir en este proceso. La Junta de Andalucía reclama 1,77 millones de euros a estas seis compañías por los gastos hospitalarios que tuvo que afrontar con los ingresos de 135 pacientes fumadores.

Tras escuchar ayer los alegatos de la abogada de la Junta de Andalucía y de los letrados de las tabacaleras, el titular del Juzgado de Primera Instancia 68 de Madrid, Eduardo Regalado, anunció la interrupción de la audiencia previa. Su intención es resolver, en un plazo de cinco días, las dos cuestiones previas que han planteado dichas empresas. Una de ellas es si, como pretenden las tabacaleras, el Estado, como "garante y titular del monopolio" que abanderó Tabacalera, hoy Altadis, hasta 1998, debe o no ser citado para que se defienda; y segundo, si es la jurisdicción civil o no la competente para dilucidar este asunto. Si el juez decide citar al Estado, la consecuencia inevitable sería la remisión del asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Y es que la Administración, o el Estado, responden de sus actos ante los tribunales de lo contencioso. El Estado posee en la actualidad un 10% de Altadis, y con Tabacalera su intervención era muy superior.

160 ingresos sanitarios

La Junta de Andalucía ha demandado a las compañías British American Tobacco, Cita, Altadis, Tobacco Canary Island, Philip Morris Spain y J. T. International, que suministran un 70% del tabaco que se vende en esa comunidad. Las considera responsables de los gastos sanitarios que costó a sus arcas el cuidado de los citados enfermos. No ha demandado al Estado porque entiende que éste, aun habiendo tenido el monopolio hasta 1998, "no comercializó" con el tabaco y sólo se limitó "a cobrar impuestos por su venta".

Los abogados de las compañías aseguran que el Estado, a través de la antigua tabacalera, no sólo "vendió y comercializó" entonces el producto, sino que aún sigue haciéndolo al por menor. "Quien se beneficia de una acción debe pagar por los daños que ésta provoque", espetó uno de los abogados, en referencia a Tabacalera. Las demandadas recordaron que la mayoría de los consejeros de Tabacalera "eran designados por el Estado y que incluso había un delegado del Gobierno en la empresa con poder de veto".

Las tabacaleras reprochan a la Junta de Andalucía que sólo actúe contra seis de ellas y obvie a las demás; y critican que, sin individualizar conductas, la Junta haya emprendido contra ellas una única acción judicial basada en las patologías de 134 enfermos. Opinan que, en todo caso, son los pacientes quienes, de forma individualizada, deben emprender tales acciones judiciales y acreditar los daños y la marca del tabaco.

Al respecto, la letrada de la Junta se preguntó: "¿Puede algún fumador probar que nunca ha fumado otras marcas? Aquí debe imperar el principio de la facilidad de la prueba, y lo que se nos pide es una prueba imposible". La letrada matizó que el objetivo de la Junta es ser "reembolsada por el gasto sanitario que tuvo por los 160 ingresos hospitalarios de esos enfermos". Y añadió que se trata de "una acción solidaria", en el sentido de que las compañías, como causantes globales del daño, resarzan tales gastos sanitarios. Los abogados de las compañías cuestionaron el citado "principio de solidaridad". "No se puede hacer pagar a una empresa por unos supuestos daños que ha provocado el producto de otra", refutó un abogado. "En todo caso, hay que individualizar conductas, afectados y daños", advirtió otro.