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VIOLENCIA DOMÉSTICA | 96>04 OCHO AÑOS DE AZNAR

Aumenta el número de muertes pese a la mayor protección a las víctimas

Mayor protección, pero también más muertes. La violencia doméstica siega un número creciente de vidas cada año -70 mujeres y 13 hombres murieron a manos de su pareja o ex pareja en 2003-. Y ello pese a los planes de actuación que el Gobierno desarrolla desde 1998 y de las medidas, más eficaces, de 2003: la de protección inmediata, pactada por todos los grupos parlamentarios, y el endurecimiento del tratamiento penal. Se estima que casi dos millones de mujeres son víctimas de la violencia doméstica.

Al poco de alcanzar el Gobierno en 1996, y a raíz de casos tan graves y sangrantes como el asesinato de Ana Orantes (quemada viva por su marido en 1997), la violencia doméstica comenzó a considerarse un problema público y saltó al debate político y social. El primer plan de acción, en 1998, primó la creación de casas de acogida en colaboración con las comunidades autónomas (casi 150.000 mujeres atendidas en dos años). Sin embargo, carecía de medidas eficaces para las víctimas que denunciaran a sus agresores.

La cifra de muertes continuó al alza. Las denuncias por maltrato también. En 2000, el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, de que se publicarían los nombres de los condenados por violencia doméstica contribuyó a que la cuestión se instalara en la palestra política.

Al año siguiente, el segundo plan de acción gubernamental apostó por reforzar las medidas legislativas, sin aportar más dinero. El PP también pidió más rapidez y eficacia a los jueces, porque dos de cada tres juicios por maltrato acababan en absolución.

En las campañas publicitarias, el Ejecutivo insistía en animar a las víctimas a denunciar a los agresores. Pero seguía sin implantar medidas de protección a posteriori. En la práctica, sólo existían las que dictaban los jueces. Y lo hacían con cuentagotas, según reconoció un informe del Consejo General del Poder Judicial. Además, la policía apenas vigilaba que se cumplieran las órdenes de alejamiento. El estudio reveló que una de cada cuatro personas muertas por violencia familiar en 2002 había presentado denuncia. A menudo, la denuncia no impedía una nueva agresión, a veces mortal.

En 2002, el problema llegó al Parlamento. El PP rechazó la iniciativa socialista de una "ley integral" contra la violencia machista.Las críticas arreciaron. Una semana después, el Gobierno aceptó la idea de legislar.

El resultado fue la aprobación, por consenso, de la orden judicial de protección a las víctimas, en vigor desde agosto pasado. Permite que el juez decida en menos de 72 horas sobre cuestiones como el alejamiento del agresor (que debe controlar la policía) y active la ayuda social y económica a las víctimas sin ingresos (300 euros mensuales). Hasta ahora, ninguna mujer con orden de protección ha muerto, pero tampoco se ha frenado la sangría de vidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de enero de 2004